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Sánchez lleva el caos con su regularización masiva de inmigrantes

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Colas en el primer día de la regularización extraordinaria de migrantes / Manu Mitru

Lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo, y la realidad de estos días, por desgracia, lo ha confirmado: la frivolidad y la imprevisión del Gobierno de Pedro Sánchez en la regularización masiva de inmigrantes está llevando el caos a los servicios públicos, en especial los que prestan los ayuntamientos.

Largas colas, retrasos en trámites urgentes como dependencia e infancia, teléfonos saturados y profesionales que trabajan sin instrucciones, sin medios y sin seguridad jurídica… Esta situación no es fruto de la casualidad: tiene responsables y causas.

Son los efectos nocivos de una medida tomada, una vez más, desde la irresponsabilidad, la unilateralidad y el sectarismo. Sin contar con las Comunidades Autónomas ni con los ayuntamientos. Sin tan siquiera haber informado ni acordado nada con absolutamente a nadie. Sin haber dotado de los recursos económicos necesarios a las administraciones que deben aplicar sobre el terreno ese decreto.

Las consecuencias ya las están sufriendo los servicios públicos, en especial los que son competencia de la administración local, la más cercana al ciudadano. Y en la Región de Murcia esta situación se agrava aún más porque la delegación del Gobierno no ha ofrecido a los ayuntamientos una respuesta operativa, ni un plan de coordinación, ni los medios necesarios para afrontar esta avalancha de solicitudes.

Y ya está bien. El delegado de Sánchez en la Región debe dejar de dedicarse a sacarse fotos para hacer postureo y propaganda con el dinero de todos. Que dé la cara y asuma su responsabilidad de una vez. ¿Dónde están los recursos de la delegación de Gobierno? Porque esta situación está obligando a desviar recursos municipales que deberían destinarse a otros servicios esenciales.

Cabe preguntarle al señor Lucas qué servicios tienen que dejar de prestar los ayuntamientos para poder atender a las miles de personas que están llegando a los ayuntamientos como consecuencia de esta decisión electoralista e irresponsable de Pedro Sánchez. Porque, por ejemplo, si las policías locales tienen que dedicarse a garantizar el orden en las colas que se están acumulando en los servicios públicos municipales, ¿quiénes se encargan de la seguridad de los municipios? ¿Dónde está el refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿Cuántos agentes tiene previsto enviar el delegado de Sánchez a los distintos municipios?

El señor Lucas vuelve a poner por delante de los ciudadanos de la Región al Gobierno de Pedro Sánchez. Guarda silencio, respalda decisiones que ya están teniendo consecuencias visibles y no ofrece soluciones ni apoyo a los ayuntamientos, que son quienes están soportando la presión directa de este proceso.

Y todo porque el inquilino de la Moncloa necesita tapar la corrupción que le rodea. La táctica de Pedro Sánchez no falla: procesan a su mujer y esparce otra cortina de humo para desviar la atención. No solo es que vuelva a utilizar el BOE como herramienta electoral, algo a lo que, por desgracia, estamos acostumbrados. Es que en esta ocasión queda especialmente patente quiénes sufren las consecuencias de decisiones populistas y adoptadas sin planificación. Una vez más, las CCAA, los ayuntamientos y los ciudadanos son los que pagan los platos rotos de los estropicios provocados por este desgobierno.

Llevamos tiempo denunciando desde el Partido Popular las consecuencias que iba a traer este decreto. Nos parece preocupante que tener antecedentes policiales no sea una causa de exclusión de ese proceso de regularización. También que se abra la puerta al turismo sanitario. Y, como ya se empieza a comprobar estos días, la regularización masiva no garantizará la prestación de los servicios básicos esenciales, sino que supondrá un deterioro del sistema.

El Gobierno de España debería asumir de una vez la política migratoria como una cuestión de Estado. Que implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen, luche contra las mafias ilegales y, sobre todo, escuche a las demás administraciones. Aunque es mucho pedir para un Gobierno abonado a la propaganda política y pendiente solo de sobrevivir a costa de lo que sea.

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