Me preocupa cuando el meollo de una discusión o negociación política es gastar más en esto o aquello. El objetivo no puede ser gastar más; debe ser alcanzar un determinado objetivo. Y el gasto público debe ser visto y entendido como un instrumento. Igual que puede serlo la regulación.

Pongamos un ejemplo. Se puede desplegar política de vivienda en arrendamiento construyendo inmuebles con cargo al presupuesto; o se pueden subastar terrenos públicos para la promoción de viviendas de alquiler sin posibilidad de venta a los inquilinos. La mejor opción dependerá de cada caso. Habrá que estudiarlo.

De la misma manera, podemos aumentar el gasto en educación subiendo de forma lineal el sueldo a todos los profesores un 20% sin ninguna condición ni requisito; o podemos invertir la mitad de ese dinero en financiar iniciativas contrastadas previamente mediante pruebas piloto para potenciar los dos extremos de la distribución en los talentos, los más dotados y los que tiene más dificultades. Con la mitad del dinero, generaríamos un efecto sustancialmente más positivo sobre los resultados educativos y la satisfacción de los niños y sus familias.

Todo lo anterior me lleva a incidir, una vez más, en la enorme importancia de evaluar las políticas públicas y todas las ideas y propuestas, a veces ocurrencias, que pueblan el universo público; de contar con equipos de expertos y grupos de trabajo que reflexionen sobre cómo se hacen las cosas y cómo se deberían hacer; de favorecer e impulsar la innovación y la implementación de pruebas piloto previas a la generalización de actuaciones o los cambios normativos.

Lo anterior cuesta tiempo y dinero. Pero sus efectos serían tan beneficiosos y positivos que todos nos preguntaríamos cómo hemos podido vivir tanto tiempo gobernándonos desde la intuición y la inercia; y cómo hemos estado tan equivocados en centrarlo todo en cuánto se gasta y olvidarnos del cómo y en qué se gasta en concreto.