¿En qué falló el Principado en el "caso Cerredo"? Las siete deficiencias institucionales que ve el borrador de la investigación en la Junta

La propuesta de dictamen de la comisión atribuye a la administración autonómica errores y agujeros: desde la falta de control sobre Blue Solving hasta la debilidad de la inspección minera, el desorden de los expedientes y el papel del IDEPA.

Interior de la mina de Cerredo

La propuesta de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Cerredo, trasladada por la presidenta de este órgano, Covadonga Tomé, concluye que la Administración del Principado incurrió en una cadena de fallos institucionales que ayudó a crear un contexto favorable para que la explotación siguiera adelante. El documento no se limita a señalar responsabilidades personales, sino que identifica déficits de control, supervisión, coordinación y gestión administrativa en varios niveles para señalar "responsabilidades institucionales" de la administración autonómica.

La propuesta de dictamen atribuye responsabilidades políticas directas a siete personas —entre ellas los exconsejeros Enrique Fernández Rodríguez y Nieves Roqueñí Gutiérrez, además de la exdirectora general y exconsejera María Belarmina Díaz Aguado— al considerar que, dentro del periodo analizado por la comisión, tuvieron competencias de decisión, supervisión o control sobre actuaciones y omisiones relacionadas directamente con el desenlace de Cerredo. A partir de esa conclusión, el texto plantea su reprobación política.

Falta de control sobre Blue Solving

El primer fallo que aprecia la comisión afecta a la autorización del cambio de titularidad de las concesiones mineras a favor de Blue Solving, aprobada el 27 de noviembre de 2023. El dictamen sostiene que la dirección general de Energía y Minas no exigió ni verificó la solvencia técnica y económica de la empresa cesionaria, pese a que esa comprobación viene exigida por la normativa minera.

La propuesta subraya que Blue Solving tenía un capital social de 3.000 euros y carecía de trabajadores en alta, activos tangibles, maquinaria y financiación acreditada cuando se produjo la transmisión. Para la comisión, esa omisión supuso un incumplimiento de la función de control que........

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