Ovidio Zapico se pronuncia tras el desahucio de Las Campas en Oviedo: "La primera puerta a la que hay que acudir son los servicios municipales"

El consejero de Vivienda del Principado aseguró que, mientras siga en el cargo, "no habrá desahucios en Vipasa por impagos involuntarios"

Nacho Cuesta, Gaspar Llamazares y Ovidio Zapico. / Guillermo García

El consejero de Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, salió al paso de la polémica generada tras el desahucio de una familia en el barrio ovetense de Las Campas para insistir en que, en situaciones de vulnerabilidad residencial, la primera actuación debe ser acudir "de manera inmediata" a los servicios sociales municipales. El responsable autonómico subrayó que estos departamentos son "la puerta más cercana a la ciudadanía" y el punto de partida de un procedimiento reglado que permite evaluar cada caso y activar, si procede, los mecanismos de emergencia habitacional previstos en Asturias.

Zapico quiso dejar claro que el desahucio ocurrido en el número 9 de la calle Proaza no se produjo en el ámbito de la vivienda pública. "Mientras yo sea consejero, en Vipasa no habrá desahucios por impagos involuntarios", afirmó con rotundidad, defendiendo el modelo de gestión del parque público de vivienda y asegurando que las personas en situación de vulnerabilidad cuentan con garantías dentro de ese sistema.

El consejero puso el acento en la necesidad de ofrecer información veraz y asesoramiento adecuado a las personas afectadas por dificultades económicas, advirtiendo de los riesgos de "confundir" o "generar falsas expectativas" en situaciones especialmente delicadas. "No se puede jugar con algo tan serio como la garantía habitacional", señaló, al tiempo que insistió en que el itinerario correcto pasa por los servicios sociales municipales, desde donde se canalizan las solicitudes y se determina el acceso a una vivienda por la vía de urgencia o emergencia.

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Zapico recordó que Vipasa gestiona en la actualidad unas 9.600 viviendas en Asturias, de las cuales alrededor de 8.850 están destinadas al alquiler social y deben adjudicarse obligatoriamente a través de los servicios sociales municipales conforme a un decreto de adjudicación. Las aproximadamente 750 restantes corresponden al alquiler asequible, dirigido a perfiles con ingresos suficientes para asumir una renta, lo que implica también el cumplimiento de requisitos económicos mínimos para acceder a esta modalidad.

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En ese marco, el consejero defendió que el sistema vigente es "serio, riguroso y garantista" y que ofrece las mismas oportunidades al conjunto de la ciudadanía, evitando cualquier tipo de arbitrariedad. "Ni el director general, ni el presidente, ni yo mismo podemos dar una vivienda por la calle a quien nos la pida", afirmó, subrayando que toda adjudicación debe seguir los cauces establecidos. A su juicio, solo actuando dentro de ese circuito institucional y reforzando la coordinación con los servicios municipales se podrá "paliar, en la medida de lo posible, este drama social" que reflejan casos como el de Las Campas.

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