Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros

La mujer desvió fondos a sus cuentas privadas durante cuatro años y registró las transferencias como pagos por obras de mantenimiento

El edificio de los Juzgados de Llamaquique, donde se encuentra la Audiencia Provincial

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a tres años de prisión a una administradora de fincas de Gijón como autora de un delito continuado de apropiación indebida agravada. La sentencia, dictada el pasado 9 de diciembre, considera probado que la acusada se apoderó de 151.809,62 euros pertenecientes a una comunidad de propietarios del centro de la ciudad entre los años 2018 y 2022, valiéndose de su cargo y de la confianza de los vecinos.

Según los hechos probados, durante esos cuatro años la condenada aprovechó su acceso total a las cuentas bancarias de la comunidad para realizar transferencias recurrentes a sus cuentas personales. Para camuflar el rastro del dinero sustraído, que la sentencia falla deberá abonar a los vecinos una de las entidades aseguradoras de la condenada, se registraba estos movimientos como pagos por supuestas obras de mantenimiento o servicios profesionales inexistentes.

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El fraude no se limitó a los movimientos bancarios. El tribunal destaca que la administradora llegó a cobrar en mano cantidades de dinero a propietarios individuales -en un caso concreto, una suma de 6.290 euros- con el pretexto de amortizar deudas de la comunidad, un dinero que nunca llegó a ingresar en las arcas comunes.

Precisamente, en la época en la que ocurrieron los hechos, la comunidad ingresó una cuantía muy elevada de 529.636,75 € en concepto de financiación y subvenciones para la rehabilitación del edificio, lo cual facilitó los hechos delictivos probados.

Para evitar ser descubierta, la condenada, que administraba dicha finca desde 2007, dejó de convocar juntas de propietarios a partir del año 2020, aprovechando las restricciones derivadas de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19. Durante ese tiempo, hizo caso omiso a las peticiones de información de los vecinos y, tras ser cesada en 2022, se negó a entregar los libros de actas y la documentación contable, lo que obligó a la comunidad a emprender acciones judiciales.

Durante el juicio, la acusada ofreció una versión de los hechos que el tribunal calificó de "confusa y contradictoria", con "respuestas poco asertivas" y alegando que las transferencias eran devoluciones de préstamos previos que ella misma habría hecho a la comunidad, una tesis desvirtuada por la prueba pericial aportada por la acusación.

Además de la pena de cárcel, el fallo impone a la exadministradora una multa de ocho meses y quince días (3.060 euros, a razón de doce al día) y la inhabilitación especial para ejercer la administración de comunidades de propietarios durante el tiempo que dure la condena. La defensa dispone de un plazo de diez días para interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

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