En esta oportunidad me gustaría hacer referencia a un grave “divorcio” del que me he podido percatar a lo largo de las diferentes etapas que ha tenido el proceso oncológico de mi madre. En concreto, hago referencia a la absurda separación que ha existido entre el Derecho y la Medicina, en sus diferentes ámbitos, en especial, en lo atinente a la prevención de las enfermedades.

Cuando pensamos en las formas en las que el Derecho puede interactuar con las ciencias de la salud, lo usual, es que pensemos en acciones de tutela o en demandas por responsabilidad médica. Sin embargo, existen formas más pasivas y valiosas en las que se puede dar esta interacción, tal como sucede en el caso del cáncer de cuello uterino y de los demás tipos de cáncer asociados al Virus del Papiloma Humano – VPH.

En materia de VPH podemos hacer referencia a dos grandes y efectivas estrategias que han operado sin un debido acompañamiento jurídico. La primera corresponde a la vacunación, en la cual, desde la Fundación SalBo hemos logrado identificar los siguientes obstáculos, los cuales considero que debemos abordar desde lo jurídico: (i). En Colombia, los adolescentes de 14 años en adelante cuentan con la suficiente capacidad para casarse, pero no para dar su consentimiento para vacunarse contra el VPH; y (ii). A pesar de ser un virus que afecta tanto a hombres, como a mujeres, se ha excluido a los niños y adolescentes (varones), de los programas públicos de vacunación.

La segunda estrategia corresponde a la tamización. Proceso que se hace mediante la prueba denominada “ADN VPH”, la cual es practicada a las mujeres de 30 años en adelante. Esta prueba ayuda a determinar dos cosas: (i). Si la mujer está infectada con el VPH; y (ii). Si está infectada con alguna de las cepas cancerígenas. Gracias a esta prueba, las mujeres tienen la valiosa oportunidad de iniciar tempranamente tratamientos que pueden evitar el desarrollo del cáncer. Sin embargo, hemos identificado que desde el Ministerio de Salud se han expedido resoluciones que han limitado el acceso universal a la “prueba de oro” contra el cáncer de cuello uterino. Situación que nos demuestra la falta de participación jurídica y ciudadana, en el proceso de construcción de estas resoluciones.

Estas experiencias me llevaron a tomar la decisión de liderar la creación de una institución con la que busco poner a trabajar armónicamente al Derecho con las ciencias de la salud, con el fin principal, de prevenir enfermedades. Pronto tendrán noticias.