La semana pasada escribí en este diario una columna titulada ¿’Justicia’ en Colombia? que puso a contraluz algunos de los vicios de la justicia.

En este artículo, los protagonistas son autoritarismo, abuso de poder e injusticia como características del supuesto gobierno de la vida. El caso de la Jefe de Gabinete, Laura Sarabia, sintetiza de manera infame estos tres.

El pasado 29 de mayo, la Revista Semana entrevistó a la señora Marelbys Meza, quien trabajó como niñera en casa de Sarabia por algún tiempo, dado que, presuntamente fue hurtado de la morada de la funcionaria un maletín con dinero en efectivo, por lo que Sarabia y su esposo, dirigieron su desconfianza y prejuicios, hacia la niñera (Quien, al parecer, estaba en condiciones de precariedad laboral).

En virtud de ello, doña Marelbys ha sido víctima del autoritarismo, el abuso de poder y la injusticia a causa de la pérdida del maletín en referencia.

Debe aclararse que la opinión pública desconoce con exactitud el monto de dinero que presuntamente fue hurtado a Sarabia, pues, la misma funcionaria ha referido diferentes valores en dólares (Tres mil o siete mil) pero también se mencionan cientos de millones de pesos colombianos, según la acusación irregular hecha a la niñera. A pesar de que no existe prueba alguna, a doña Marelbys no se le ha presumido su inocencia, prueba de ello es la intimidación a la cual ha sido sometida desde enero del presente.

Y es que doña Marelbys denunció ante Revista Semana, una serie de abusos que van desde un interrogatorio en un sótano del palacio presidencial, pasando por la aplicación irregular de la prueba del polígrafo sin orden judicial, hasta amenazas de cárcel y allanamientos (obviamente ilegales) a ella y sus familiares. Dicho procedimiento resultó tan amedrentador, que la señora indicó haberse sentido secuestrada (Llegaron al punto de retirarle su teléfono para inspeccionar sus comunicaciones, y presume ella, que para interceptar el dispositivo). Así las cosas, y dado los seguimientos de los que la niñera viene siendo víctima también, la Fiscalía General de la Nación (FGN) le proporcionó protección especial.

Debe precisarse que, como lo indicó el Fiscal Barbosa ante Blu Radio, la FGN es la única autoridad que, constitucionalmente, tiene la potestad de investigar la comisión de conductas punibles, por lo que el procedimiento contra la señora Meza resulta, cuando menos, contrario al derecho.

Finalmente, lo que debe cuestionar al país es el uso indebido del poder por parte de una funcionaria del gobierno con fines netamente particulares, pues es estúpido que este presunto hurto comprometa la seguridad nacional o del presidente. Este hecho no solo pone de manifiesto la doble moral del “gobierno de los pobres”, sino que advierte al país sobre su inclinación antidemocrática (He aquí algunas manifestaciones: No reconocimiento de la independencia de los poderes públicos, el afán de proporcionar facultades especiales al presidente para suplir el Congreso, el irrespeto a los medios de comunicación, entre otras).