Anarquía y casos socioeconómico-jurídico fiscal en contratación de concesiones y APP viales |
La contratación pública se convirtió en la vena rota del fisco nacional y regional y local y fuente de enriquecimiento fácil, para corruptos y delincuentes de cuello blanco. El marco legal, que rige la contratación pública, debe ser concreto y único, inflexibles y obligatorios, para toda entidad pública y empresas sociales del estado.
Colombia continúa rezagada en infraestructura vial, y no obedece solamente a la falta de inversión de dinero contante y sonante. Las causas y efectos son diversos. El desarrollo integral de la nación, exige un sistema multimodal de transporte, acorde con la geografía y topografía nacional, tendencias del desarrollo y usos del suelo y debe soportarse en planeación técnica y económica y social y ambiental sostenible.
La infraestructura vial nacional, no se ha desarrollado con sujeción a esos criterios y ha carecido de políticas públicas, coherentes con las necesidades del desarrollo y de estudios y diseños técnicos sustentables. La apertura económica de los años 90, privilegió el modo de transporte carretero por sobre el fluvial y ferroviario, a pesar de que son complementarios y permiten reducir costos y contaminación ambiental. La inversión en infraestructura vial, ha sido deficiente siempre. El BM y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en sendos informes de los años 90, precisaron que para superar el rezago vial, el estado colombiano debía invertir, mínimo 3% del PIB anual, durante 30 años, equivalente a un promedio de $50 billones anuales a valor presente, 2025. Pero hasta 2025, esa inversión no ha superado el 1% del PIB, incluida la inversión privada.
El marco legal de la contratación pública, en Colombia, es laxo, permisivo, ambiguo, irresponsable, en aspectos vertebrales de obligaciones contractuales y carentes de controles oficiales y siempre desfavorables al fisco y al interés nacional. La contratación de infraestructura vial en los últimos 21........