La relación entre México y Estados Unidos continúa en uno de sus momentos más críticos en décadas, no se trata ya de tensiones migratorias o comerciales, sino de una ofensiva judicial y retórica sin precedentes que equipara a integrantes de la delincuencia organizada mexicanos con terroristas. El gobierno de Donald Trump ha puesto en la mira directa a servidores públicos y políticos mexicanos y esta situación en lugar de resolver se visualiza como una amenaza que podría fracturar aún más una relación bilateral ya de por sí frágil. 

La semana pasada, el Departamento de Justicia estadunidense dio un paso significativo al instruir a sus fiscales federales perseguir a funcionarios mexicanos cómplices del tráfico de estupefacientes bajo legislación antiterrorista, el mensaje lo transmitió con crudeza Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, en una conferencia interna con los 93 fiscales federales. 

Pero lo más grave no fue la orden operativa, sino de acuerdo con datos del New York Times, el desdén fue explícito: “Si [las acusaciones] es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos […] Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”. Este tono es provocador, revela una estrategia deliberada de presión pública y........

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