Está iniciando el segundo sexenio de la transformación y, al igual que el primero, tiene un ritmo vertiginoso de innovaciones, ajustes, reformas y posicionamientos cuya serenidad no logra ocultar su audacia.
Lo más visible en el panorama mediático ha sido la consumación de la reforma al Poder Judicial y los preparativos para la renovación de eso que llaman “arquitectura institucional” y de los funcionarios que toman las decisiones en los tribunales. Pero la relevancia de este proceso no reside en los berrinches de la actual mayoría de ministros de la Suprema Corte ni en los desesperados intentos de abortar la reforma por parte de algunos jueces rinconeros.
Lo que un señor de apellidos González Alcántara Carrancá llama la “destrucción del legado constitucional” es, en cambio, una reafirmación y una realización rotunda del postulado central y más trascendente de la Carta Magna: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (artículo 39). Y fue el pueblo mandante el que en las elecciones de junio pasado decidió entregar su........