Aunque las noticias son escuetas, las imágenes se repiten a diario: indígenas en Chiapas son desplazados violentamente de los lugares que habitan desde hace siglos; pobladores que viven en las inmediaciones de las minas de plata de Zacatecas deben huir por amenazas de grupos criminales; fuerzas paramilitares expulsan a agricultores en la región de Tierra Caliente, Guerrero; ninguna autoridad interviene para impedir la violencia que obliga a pequeños ganaderos de dos municipios de Chihuahua a abandonar sus casas y pertenencias. 

Agregadas a nivel nacional, las cifras son estremecedoras. Entre 2006 y 2021, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos contabilizó 386 mil personas desplazadas de manera forzada de sus hogares y lugares de origen. Se trata, en su mayoría, de comunidades rurales (87.5 por ciento). Pero una parte sustancial pertenecen a poblaciones indígenas (41 por ciento). 

El desplazamiento forzado por goteo o de pequeña escala muestra cifras más inclementes aún. La estadística habla de la ya inimaginable cifra de individuos o familias que se ven obligados a cambiar de residencia o localidad por causa de extorsión, amenaza de secuestro, o bien por asaltos frecuentes a sus casas o........

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