Siguen sin dar mayores explicaciones creíbles las secretarías de Economía y del Trabajo (con Marcelo Ebrard y Marath Baruch al frente de ellas, en cada caso), las cuales pusieron “en duda” o de plano rechazaron las conclusiones que en marzo pasado hizo públicas el panel del mecanismo de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC, que en síntesis advirtió sobre la ilegal connivencia del crimen organizado (concretamente el cártel de Sinaloa) con la directiva de la trasnacional canadiense Orla Mining –que en Zacatecas explota la mina Camino Rojo, con 138 mil hectáreas de “dotación”– para reprimir y violar sistemáticamente los derechos de los trabajadores y evitar que ellos decidieran qué sindicato los representaría, y no se les impusiera la afiliación a un sindicato blanco de protección patronal, denominado Federación Nacional de Sindicatos Independientes, con sede en Nuevo León y Jesús González Cárdenas como cabeza visible.

Ante tal denuncia, perfectamente documentada, la “respuesta” de ambas instituciones del gobierno federal fue que, a su juicio, el MLRR “excedió sus alcances”, pues, sostuvieron, pretendió “analizar conductas de naturaleza penal,........

© La Jornada