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Lo que de inmediato el gobierno mexicano debió investigar y resolver (por tratarse de un delicado asunto de seguridad, tanto laboral como física para los trabajadores y la legalidad misma) ha sido “tratado” con total parsimonia y en lugar de solucionarlo con prontitud y en las instancias correspondientes lo ha “bateado” a lo largo de por lo menos dos años, al grado que tuvo que intervenir una instancia extranacional. Y así, el tema ha llegado a la mañanera, donde, en todo caso, debió anunciarse que todo quedó subsanado, y no, como se hizo ayer, que apenas “se está investigando”.
Se trata de Minera Camino Rojo –concesionada a la canadiense Orla Mining–, en la que con autorización de la empresa ha metido la mano el narcotráfico como grupo de choque en contra de los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Mineros (titular del contrato colectivo) que preside Napoleón Gómez Urrutia, quien ha denunciado esta situación.
En Días pasados, La Jornada (Jared Laureles) lo reseñó así: “la minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional........