"...el 'peligro' amenaza tanto la existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para uno y para otros consiste en entregarlos como instrumentos a la clase dominante. En cada época es preciso tratar de arrancar nuevamente la tradición al conformismo que quiere apoderarse de ella".
Walter Benjamin, tesis VI en Tesis sobre el concepto de historia.
La sociedad argentina se encuentra hoy ante la presencia al frente del aparato del Estado de una fuerza política cuyos dirigentes máximos preconizan posiciones de negación respecto del genocidio cometido durante la última dictadura.
La actual vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, ha sido durante años una figura central en las campañas por la revaloración de la dictadura y el combate tanto contra quienes se opusieron a ella durante su transcurso y fueron sus víctimas, como a los que llevaron por décadas la bandera del justo castigo de los crímenes cometidos y de la promoción de los derechos humanos. No ha vacilado en calificar a dirigentes de ese campo como "personaje siniestro".
El presidente Javier Milei no ha dado a ese tema la misma centralidad que le asigna su vice. Lo que no quita que adhiera en público, cada vez que tiene oportunidad, a la política de disculpa a los genocidas y de reinstauración de la "lucha contra la subversión" como una causa justa.
Valgan como ejemplo las palabras que Javier Milei vertió en uno de los debates previos a la elección presidencial: "Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos" y también "...no fueron 30.000 desaparecidos, sino 8.753". Asimismo se refirió a una "versión tuerta" de la historia que habría imperado hasta ahora.
Exhibió así la demonización de las organizaciones armadas, redujo a "excesos" lo que fue un plan concebido y ejecutado desde la cúspide y relativizó la envergadura de la matanza. Tres gestos de negación en una sola intervención pública
El retomar los discursos evasivos y negadores de Jorge Rafael Videla o Emilio Eduardo Massera es de por sí muy grave. Allí comenzó la prédica negacionista. Para reinstalarlos hoy se echa mano a interpretaciones torcidas y ocultamientos interesados de aspectos centrales del genocidio.
El binomio presidencial y sus colaboradores recurren a un discurso orientado a "dar vuelta" el sentido común acerca de los crímenes de la última dictadura. El que fue afianzándose a lo largo de los años y tuvo y tiene en los juicios por crímenes de lesa humanidad un componente fundamental. Se busca reponer en el pensamiento colectivo la idea de que en los años dictatoriales se libró una "guerra" contra el "enemigo subversivo".
Y en ese supuesto conflicto bélico no habría existido un plan criminal de aniquilación, sino una lucha, acertada en lo sustancial, en defensa de valores incuestionables. En cuyo transcurso se habrían cometido "excesos". Lo que en definitiva sería inevitable en un escenario de enfrentamiento armado en gran escala. Tal choque entre fuerzas de poderío comparable nunca ocurrió, como es sabido.
Respecto a las agrupaciones armadas que actuaron en las décadas de 1960 y 1970 se busca condenarlas como "organizaciones terroristas" cuyo "justo castigo" sigue pendiente. Habrían cometido a su vez, "crímenes de lesa humanidad" y sus integrantes deberían pasar por los tribunales para ser juzgados de una vez.
Habría llegado así la época de la "memoria completa" en reemplazo de la memoria "parcial y desviada" que impulsaron todos estos años los movimientos de derechos humanos. La misma que derivó en los juicios, tramitados en gran número desde la anulación de las leyes de impunidad.
Al mismo tiempo se expanden argumentos para menoscabar las culpas dictatoriales, a comenzar por la negación, reiterada hasta el agotamiento, de que haya habido 30.000 víctimas de la represión. Y campean opciones ideológicas más generales, como las acusaciones de ser "comunistas asesinos" a quienes se oponen al dominio pleno del gran capital y al imperialismo, tanto en el pasado reciente como en la actualidad.
En la más rancia tradición del "macartismo" se acusa de profesar el comunismo hasta a fuerzas políticas y personalidades que ni de lejos cuentan alguna forma de socialismo entre sus objetivos
Cabe el interrogante de sí, en una mirada más en profundidad, lo que se busca es no sólo reivindicar a las Fuerzas Armadas sino legitimar los objetivos más amplios, los contenidos de clase, del "Proceso de Reorganización Nacional". El actual pensamiento ultraliberal mantiene sustanciales puntos de contacto con la política económica de "libre mercado" que llevó adelante la última dictadura. También con la alineación sin fisuras con la causa anticomunista subsumida en el término "Occidente".
Y asimismo coincide con el propósito de debilitamiento del conjunto de las organizaciones de las clases subalternas y en particular las del movimiento obrero, que descalifica como "mafia".
A despecho de los profundos cambios que transcurrieron en más de medio siglo, la lógica de clase de la sociedad argentina sigue siendo similar. La conjunción de grandes grupos económicos locales y empresas trasnacionales continúa como el corazón del capitalismo en el país. Los intereses a los que sirvió la dictadura son, en lo sustancial, semejantes a los que sirve el gobierno de Javier Milei.
Como ha señalado Alejandro Grimson, Milei viene a cerrar con éxito lo que no pudo completarse en la última dictadura. Según él, la situación que algunos caracterizan como "empate hegemónico" sería el estadio a superar por el gobierno que encabeza el nuevo presidente, que se propone "desempatar" por fin a favor de los grandes capitales de un modo definitivo.
Vayamos ahora a una breve mirada a propósito de la última dictadura y cómo ha sido percibida en años más recientes.
La dictadura de 1976 y su consideración posterior.
La represión dictatorial fue un plan sistemático orientado a la desarticulación y aniquilación del auge de masas, en proceso de ascenso y radicalización ideológica que se había desenvuelto en Argentina en los años anteriores a 1976. Su trasfondo fundamental era la necesidad experimentada por el gran capital establecido en el país de erradicar lo que percibían como una seria amenaza a la permanencia y reproducción de su dominación.
El ciclo del movimiento de masas que puede encuadrarse, de modo aproximado, entre el Cordobazo y la rebelión del movimiento obrero que quedó en la historia con el nombre de Rodrigazo, era algo que, para la mirada de la burguesía argentina, no debía repetirse nunca, para lo cual había que clausurar todo lo que, en la mirada "antisubversiva" hizo posible su ocurrencia.
Los grandes empresarios no sólo dieron su anuencia, sino que asumieron responsabilidades concretas en desapariciones y asesinatos, señalaron a las potenciales víctimas, allegaron recursos para cometer los crímenes, hasta auspiciaron la instalación de centros clandestinos de detención en sus propias plantas.
Fueron partícipes, y a la vez beneficiarios, de una modalidad de represión que, entre otros "blancos" de su accionar buscaba librarlos de presencias incómodas en sus empresas y, más en general, de cuestionadores radicales del orden social que viabilizaba su dominio. Allí están los casos de Ford, Ledesma, Astarsa, Mercedes Benz, Grafa, y tantos otros.
En cuanto a la política económica dictatorial, la conducía un representante del empresariado más concentrado, miembro del directorio de varias grandes empresas y dirigente del Consejo Empresario Argentino, el núcleo de las compañías de más envergadura que actuaban en el país. En la empresa siderúrgica ACINDAR, de Villa Constitución, en la que el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz era directivo de máximo nivel, la entente militar empresarial hizo uno de los primeros ensayos dirigidos a combinar su acción para masacrar trabajadores combativos.
Los obreros de esa planta fueron detenidos y asesinados por decenas ya en marzo de 1975. Casi justo un año antes de que uno de sus dueños se encaramara en la cartera económica.
El plan represivo dictatorial no tuvo a la acción "antiguerrillera" como su eje exclusivo, sino que la incluyó en un propósito mucho más amplio, de producir una derrota histórica de las organizaciones populares. En especial las de la clase obrera. Por eso la acción criminal se cebó en las direcciones combativas en las fábricas y demás lugares de trabajo. Se secuestró y masacró a miembros de los cuerpos de delegados y las comisiones comisiones internas. Eran las manifestaciones de la "anomalía argentina", que caracterizó Adolfo Gilly en un texto clásico, erigiéndolas en un rasgo de potencia y autonomía distintivo del movimiento obrero de nuestro país.
Querían una clase obrera debilitada y desorganizada, que retrocediera en su nivel de conciencia e incorporara a su sentido común un escarmiento sobrevenido frente a sus acciones más radicales, las del período inmediatamente anterior a la dictadura.
Aún más allá, procuraban una reformulación integral de la sociedad argentina dentro de los parámetros del "libre mercado", de liberación de todos los obstáculos para la acumulación de capital y de desarticulación de las organizaciones que pudieran ir en contra de los intereses de las grandes empresas.
Tras su vergonzosa retirada del régimen, viabilizada por la conjunción del desastre de Malvinas y la creciente movilización popular, quedó como huella el logro de parte de los objetivos dictatoriales. La clase obrera argentina no volvió a ser la misma y la ausencia de miles de militantes dejó un hueco perceptible por décadas.
Ello no obstó para que la herencia dictatorial sufriera luego una derrota política y cultural que impidió la consolidación de sus "triunfos" anteriores. Restituido el sistema constitucional, avanzó el reconocimiento público de sus crímenes y los juicios contra algunas de las figuras destacadas entre las que sostenían haber librado una "guerra sucia" de la que habían salido vencedores. Los ayer derrotados se constituían en pesadilla de los asesinos que se habían deseado impunes para siempre. No responderían sólo "ante Dios y ante la Historia" sino frente a instancias bien concretas.
Tras unos primeros años en que predominó la tergiversada mirada que mostraba a los desaparecidos sobre todo como "víctimas inocentes" se impuso de modo gradual en la sociedad argentina la reivindicación cada vez más abierta y amplia de la militancia de la década de 1970. Y con ella la verdad acerca de que lo sufrido correspondía a la respuesta desde el poder a las acciones populares que habían llevado adelante en los años anteriores a la dictadura o ya bajo su imperio.
Es entonces cuando al descrédito sobreviniente de las fuerzas armadas por la masacre cometida se une una mirada más abarcativa, que hace énfasis creciente sobre las responsabilidades civiles, incluyendo en lugar destacado a empresarios, eclesiásticos, y a la dirigencia política que de un modo u otro acompañó a la dictadura.
Las luchas de las Madres de Plaza de Mayo y todos los organismos, las movilizaciones masivas contra los actos estatales pro-impunidad (desde las marchas contra el punto final y la obediencia debida, a la oposición a los indultos de Menem, hasta la que fue contra el 2×1 de la Corte Suprema de Justicia). Las innumerables manifestaciones cotidianas de ejercicio de la memoria, de rescate y resignificación de los centros clandestinos de detención, el recordatorio de los desaparecidos en paredes y baldosas, expandieron la conciencia de justicia y cimentaron al respeto y la expansión de los derechos humanos como banderas........