El gobierno Petro ratifica de nuevo sus incoherencias en materia fiscal, dando la razón al Congreso de la República al negarle su reforma tributaria y a quienes han calificado de ilegal, innecesaria e inconveniente su emergencia económica para crear nuevos impuestos.

Según la Contraloría General de la Nación, $4,84 billones correspondientes a 156 contratos de negocios fiduciarios inmovilizados, estaban destinados a financiar proyectos estratégicos como vivienda, centros de salud, obras de infraestructura, generando doble costo para el Estado: Pérdida económica, al permanecer quietos en un portafolio de baja rentabilidad, mientras contrata operaciones de altísimo costo como sus bonos TES al 13.5 % y pérdida social por el retraso en la entrega de bienes y servicios........

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