A consecuencia de esta reacción represiva, en la mayoría de los países europeos se ha documentado el uso de una serie de medidas que reducen cada vez más el espacio de la sociedad civil y limitan su capacidad para organizarse. Una de las metodologías utilizadas consiste en acusar falsamente de terrorismo u organización criminal a movimientos sociales y políticos, contribuyendo así a una deriva que no es compatible con un Estado de derecho y democrático, ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En el Estado español hemos visto numerosos ejemplos de esta represión, documentando cómo desde la política, la justicia y los medios de comunicación se está llevando a cabo una clara criminalización de la protesta. En vez de facilitar y promover el derecho a la protesta, el Estado español está recurriendo a medidas, cada vez más extremas, para suprimir y restringir los derechos de la sociedad civil. Por ejemplo, a través de la aplicación extensiva y desproporcionada de los delitos de terrorismo y organización criminal, dos de los delitos más grave del Derecho Penal. La definición excesivamente amplia e imprecisa de estos en el Código Penal implica graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reunión, manifestación y la libertad de expresión e información. Con todo, la última reforma del delito de terrorismo en el Código Penal no se ha traducido en una mayor protección frente a las amenazas terroristas, sino en un retroceso de las libertades........

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