(Pedro Sánchez, mensaje Navidad 2025)

> (Yolanda Díaz a Pedro Sánchez, en el acto de la subida del SMI)

Los relatos que encabezan este artículo a modo de citas ilustres deben cotejase con otros datos complementarios. A saber: entre 1994 y 2024, los salarios reales solo crecieron un 2,76%, frente al 30% de media en los países de la OCDE. Según Eurostat, la renta real disponible solo ha crecido un 3,94% en España entre 2008 y 2024, mientras que en la media de la UE fue de un 14,29%; el paro juvenil es el mayor del grupo de los veintisiete (25%) y la pobreza infantil y exclusión social ha pasado del 31,8% en 2021 al 33,2% en 2025. En una España que es la cuarta economía de la Unión Europe por volumen de PIB tras Alemania, Francia e Italia. Semejante ristra de cifras evidencia el gap que puede existir entre la economía a nivel macro y a nivel micro. La marca de agua de la desigualdad en la distribución de la renta que puede incubarse como en asuntos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el control de los precios del alquiler de viviendas.

ha dicho Pedro Sánchez pensando en los durante la presentación del último incremento del SMI, a lo que la ministra de Trabajo ha rematado: . Suena bien. Es de una lógica aplastante. Toma y daca. Para que los trabajadores reciban mejores salarios es preciso que los empresarios sean memos tacaños. Salvo porque en la economía de mercado (la única existente en la actualidad) las cosas no funcionan de esta manera. A veces dos más dos no son cuatro. Existen los sobrevenidos indeseados. El latinajo del economista Alfred Marshall (si lo demás no varía) es una constante que siempre informa las decisiones económicas. Los efectos colaterales (positivos, neutros o negativos) acompañan como su sombra a las modificaciones que se introducen en los eslabones de esa cadena que regula la oferta y la demanda en bienes y servicios. De hecho, puede producirse una especie de en el sentido que la introducción de una variable en el mecanismo de producción tenga como reflejo la alteración/destrucción de otro factor hasta lograr un nuevo óptimo.

En el caso de la mejora del SMI (1.221 euros mensuales en 14 pagas, 17.094 euros al año) también se da esta circunstancia. Empezando por la estructura del sector donde se va a implantar. Quizás por eso, al contrario de Sánchez, Díaz no habla expresamente de las cotizadas (multinacionales o corporaciones), dando por entendido que a esas elitistas mercantiles los aumentos del SMI apenas les afectan por su gran musculo financiero, economías de escala y porque sus convenios suelen estar por encima del salario mínimo. Sin olvidar que las sociedades del Ibex pueden hablar de tú a tú al Gobierno para conseguir legislaciones favorables, cosa impensable en las liliputienses. En España el 95,2% son microempresas, con una plantilla de entre 0 y 9 empleados, mientras las sociedades con más de 250 trabajadores solo representan el 0,2%. Y ahí radica la clave. Una subida generalizada del SMI, inocua para ese ínfimo tramo de las firmas mastodónticas, puede resultar de difícil digestión para las de menor cuantía, por su escaso capital, insuficiente capacidad de innovación, presión fiscal, aumento costes, baja productividad, alta intensidad de mano de obra y ajustada rentabilidad. Hablamos de talleres, comercios tradicionales, bares, cafeterías, restaurantes, tiendas de barrio, etc., que son los establecimientos minifundistas que dan identidad convivencial y cohesión territorial a nuestros pueblos y ciudades. Resulta obvio que este trágala contribuye a la asfixia de la España vaciada.

Las estadísticas oficiales al respecto han señalado este quebranto, repercutido a través de los sucesivos aumentos del SMI. Con el tiempo de experimentación habido desde que se produjo el primer incremento del salario mínimo en 2019 (el único consensuado con la patronal) ya conocemos registros para saber cómo han afectado las sucesivas subidas del SMI en las microempresas y en el empleo. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en el acumulado desde el 2019 al 2023, el alza indiscriminada del SMI (café para todos: no es lo mismo el nivel de vida en el País Vasco que en Extremadura, por poner un ejemplo extremo), ha supuesto la pérdida directa de hasta 150.000 puestos de trabajo (de 40.000 a 65.000 en 2019 y de 55.000 a 85.000 en 2023). Una de cada cuatro empresas creadas en 2020 ha echado el cierre, de ellas casi 19.000 pymes solo en los primeros siete meses de 2025. Tengamos en cuenta que el coste real del SMI, incluido cotizaciones sociales, supone casi una 30% del bruto. En el caso de la última subida podría alcanzar los 23.000 euros anuales.

En cuanto a los autónomos, el 30% acabó el pasado año con pérdidas. Esta reconfiguración del tejido empresarial al por menor (la famosa de Schumpeter) facilita la concentración de las grandes corporaciones (como cuando en la etapa de Zapatero se liquidaron las Cajas de Ahorro dejando todo el mercado financiero en poder de la gran banca). Todo ello al margen de los puestos de trabajo que no se hayan creado inhibidos por ese impacto. Aunque en el lado positivo, el incremento salarial sostenido ha activado el consumo y potenciado el Producto Interior Bruto (PIB). Por cierto, lo del SMI lo inventó el franquismo (Decreto 53/ 1963, de 17 de enero, que trae causa de la Ley 16/12/42) y países europeos como Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia no lo contemplan en su legislación, restringiendo la determinación de las condiciones laborales al ámbito de la negación colectiva. Hasta aquí los datos.

Algo parecido cabría decir de la política de control de precios de los alquileres de las viviendas emprendida casi como pensamiento único por el actual Gobierno de coalición de izquierdas. Aquí la clave es doble, tiene que ver con el vaivén macro/micro, pero sobre todo con el flujo corto plazo / largo plazo. Pero de entrada la filosofía que impregna la fórmula para acabar con lo que oficialmente se califica de se enfrenta a una contradicción flagrante. Sabido que el problema de la carestía de vivienda asequible está en la confluencia de una escasez de oferta y un exceso de demanda, dopar a la baja el precio de los alquileres no hace más que distorsionar la ecuación. Al bajar la rentabilidad a los lo que se produce como mecanismo de defensa es que retiren sus viviendas del mercado, aumentando con ello el déficit de oferta inicial. Aquello de qué patada les hemos dado en nuestro propio culo. Aparte de que algunos propietarios, para minimizar riesgos de permanencias no deseadas, prefieran destinar el bien raíz para uso turístico o de temporada, donde saben que el inquilino tiene fecha de caducidad.

Despejada esta cuestión inicial, nos encontramos de nuevo con un conflicto entre el relato (la loable intención de abrir el mercado de la vivienda asequible) y la cruda realidad estadística. Contra lo que pretenden las fuerzas políticas que patrocinan esta idea, en el mercado inmobiliario español no existe monopolio ni tan siquiera oligopolio. Se trata en su mayoría de propietarios particulares, es un sector muy atomizado. Solo el 6% del parque está en poder de grandes tenedores y el 8% en manos de personas jurídicas. Datos que hacen ineficaz la imposición desde el Gobierno de un tope en el alquiler, cuando no produce un efecto bumerán haciendo que los interpelados como se salgan del mercado, contrayendo aún más la ya débil oferta. Si eso unimos que el espacio para la vivienda social en España es raquítico en comparación con la Unión Europea (entre 1,3% y el 1,9% frente al 9% de media en la UE), se puede entender la ofensiva de las administraciones competentes (estatal, autonómica y local) por buscar chivos expiatorios fuera de su entorno y tratar de salvar su papel con el parche de la subvención. El anuncio del presidente Sánchez prometiendo (por enésima vez) la construcción de 15.000 viviendas asequibles es una prueba de esa disfunción, precisamente cuando el Estado recauda más dinero que nunca, excepción hecha del chupinazo añadido de los fondos europeos que llevan el comprometido rótulo de Next Generation (Próxima Generacion). Entre enero de 2021 y junio de 2025 se crearon un millón largo de hogares en España, mientras que las viviendas terminadas en ese periodo no pasaron de 420.000. En esa imposible cuadratura del círculo se inscribe la tragedia de los que se ven obligados a destinar buena parte de sus ingresos para acceder a un techo (entre 55% y el 60% en el caso de la población más precaria). Aumentar la oferta, construir más vivienda social, establecer inventivos para arrendadores y arrendatarios son fórmulas progresistas. Medidas que, no obstante, chocan con los tiempos cortos de la clase política, que suele operar con la vista puesta en las elecciones inmediatas. En España, desde que se aprueba un proyecto de construcción de viviendas hasta que se cumplen todos los requisitos para llegar a la calificación de suelo urbano consolidado suelen mediar de 15 a 20 años. Igual que el caso del SMI hay una brecha entre la macroeconomía y la microeconomía, en este terreno el conflicto se produce entre el cortoplacismo de la clase dirigente y el largoplacismo de los planes de dotación de vivienda social.

Lo que estas reflexiones contracorriente pretenden reflejar es que una cosa es el mapa (el relato) y otra el territorio (el dato).

(Este artículo se ha publicado en el número de marzo de Rojo y Negro)

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