El 2 de febrero Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, presentó el “Informe de la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la Democracia en el Trabajo”. Dicho informe propone, en cumplimiento del artículo 129.2 de la Constitución, medidas encaminadas a que las personas trabajadoras participen en la cogestión de las empresas y a que tengan representantes en los consejos de administración.

El dictamen de la Comisión plantea que “las empresas son entidades políticas que deben construirse en una arquitectura democrática que integre a accionistas y personas trabajadoras”, considerando a estas últimas como “inversoras de trabajo”. Además, propone implementar un “índice de desarrollo democrático corporativo” para beneficiar a las empresas que “alcancen estándares de democracia elevados en su gestión”; indica que las personas trabajadoras deben tener hasta un 50 % de los asientos en los consejos de administración de las entidades con más de mil personas empleadas y hasta un 33 % en las que tengan entre 50 y 1000 personas trabajando.

El texto también propone que se otorgue un “derecho de codecisión” a la RLT respecto a la implantación de sistemas de Inteligencia Artificial “incluyendo el derecho a vetar, si es necesario, todas las decisiones relacionadas con el despliegue y la introducción de estos sistemas”.

Asimismo, se propone que al menos el 2 % de las acciones de las empresas sean propiedad de las personas trabajadoras o estén........

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