La Educación, Productividad o Justicia |
El profesorado sale a las calles de Alicante en la huelga educativa
Nuestro sistema público de Educación está en crisis. Una crisis inducida por la falta de iniciativa, el sostenimiento de un sistema que no evoluciona y una clara tendencia ideológica por acabar con él. Sí, el estado de nuestra Educación obedece a mil causas, pero todas son una: la educación se ha convertido en un elemento del sistema productivo, por encima de su valor esencial de Justicia Social.
Este enfoque hace que la atención de las administraciones públicas esté difuminada. Esta miopía política explica por qué las inversiones en infraestructuras educativas siempre son tan complejas, y casi nunca exentas de polémicas. Podríamos hablar del retraso del CEIP Príncipe Don Juan Manuel o de la situación que vive el CEIP Santa Teresa en Villena, como ejemplo replicable en muchos municipios donde la política se convierte en ese arte de hacer un diagnóstico erróneo de la realidad para solventar un problema que no existe, abandonando las dificultades que se venían arrastrando. Esto, en cierto modo, es lo que ha venido haciendo la Conselleria de Educación desde 2023 hasta la fecha.
Al mismo tiempo, no se abordan los temas de calado de la educación pública. No se entiende que las ratios del alumnado por clase solo hayan variado en su mínima expresión, cuando deberían evolucionar hacia un sistema más personalizado. Un menor número de niños y niñas en las aulas permitiría atender las diferentes tipologías, la casuística de aquellos que no conocen el idioma, que tienen una discapacidad intelectual o trastorno que afecta a su ritmo de aprendizaje. La conflictividad en las aulas sería menor o más atajable con métodos pedagógicos y la gestión pedagógica se adaptaría también, tanto al menor, como a la realidad social en la que van a vivir. Con este claro ejercicio, podríamos trabajar en una Educación entendida como pilar del Estado de Derecho y, por lo tanto, de la Justicia social. Más vinculado a los derechos que a la economía de quienes quieren hacer negocio con su privatización o su reduccionismo hacia la generación de mano de obra.
Tendríamos que ir hacia un modelo que entendería que la Educación no es una fábrica de empleados y empleadas, no es un granero de mano de obra, sino algo más gran y más importante. Para ese algo más, sería necesario un mayor apoyo y defensa de maestros y maestras. Algo que pasaría por mejores condiciones laborales, un sistema que no les castigue con eternos trámites burocráticos ajenos a la docencia y más espacio para innovar en las técnicas educativas, reconocer su esfuerzo lectivo y el que realizan previo y post de cada clase.
Así, sin apenas ser consciente, avanzaríamos en un modelo donde la Justicia encuentra en la Educación un canal y una expresión. Clases sin frío, clases sin sofocante calor. Edificios accesibles, instalaciones adecuadas y material para docentes y alumnado adaptado a la realidad de los modelos pedagógicos más innovadores, sería la senda para avanzar en esta línea.
Protesta de profesores en Elche en defensa de la enseñanza pública / Áxel Álvarez
El cuerpo docente, las AMPA y el conjunto de la comunidad educativa aspiran a una educación que forme personas. Una educación que tenga el tiempo y las condiciones para formar niños y niñas que, en el futuro, serán hombres y mujeres con criterios, raciocinio, capacidad de reflexionar, analizar y juzgar la realidad que les rodea. Miembros de una sociedad comprometidos con ella.
Los manifestantes, al salir a la calle, seguimos reclamando ese modelo humanista de la educación, pero también de las personas. Queremos que nuestros hijos e hijas sepan entender el mundo. Si logramos eso, no solo lograremos que sean personas más preparadas, sino profesionales más capacitados. Personas que defenderán valores y principios universales, miembros de la ciudadanía que logran sus metas sin el condicionamiento de su renta, origen y patrimonio, ciudadanos del mundo construidos desde el principio de la igualdad de oportunidades, cimiento robusto de la justicia social.
Los ayuntamientos asumimos nuestra parte y un poco más, siempre con menos recursos de los necesarios. Es la Generalitat Valenciana la que pierde su argumentación cuando apela al déficit de fondos cuando al mismo tiempo rechaza los 3.600 millones de financiación extraordinaria propuesta por el Gobierno a partir de 2027. Aunque la realidad es que para muchas de las cosas que reclaman no es necesario este dinero, solo querer hacer las cosas sin ánimo de destruir ni privatizar la educación pública.
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