El comisionista Víctor de Aldama tras saber este lunes que el Tribunal Supremo le suspende la pena impuesta. / Rodrigo Jimenez / EFE

Existe un dilema que atraviesa todas las democracias y que ninguna ha conseguido resolver plenamente: la necesidad de premiar a quien decide romper el pacto de silencio de una organización criminal.

El problema no es únicamente jurídico. Es también cultural y moral. Desde la infancia aprendemos que chivarse está mal. El "chivato" rompe la lealtad del grupo, traiciona a los suyos y asume el riesgo de la exclusión. Nuestro ADN moral simpatiza poco con él.

Preferimos al leal, incluso cuando su lealtad sirve para proteger conductas reprobables. Quizá por ello las figuras del colaborador eficaz o del arrepentido generan una incomodidad que trasciende los tribunales y alcanza de lleno a la opinión pública.

Las recientes resoluciones judiciales que han vuelto a situar esta cuestión en el centro del debate han reabierto una vieja discusión: ¿debe el Estado de Derecho premiar a quien también participó en la conducta delictiva a cambio de su colaboración con la justicia?

La pregunta es legítima. La respuesta, sin embargo, dista mucho de ser sencilla.

Existe una prevención moral comprensible hacia quien delata........

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