Carlos Mazón, con chaleco de emergencia, el día después de la catástrofe. / Francisco Calabuig

Leo los mensajes que los miembros del Consell se cruzaron en el chat de whatsapp que compartían la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024, aquel día en que 230 personas murieron en un desastre visto venir con antelación frente al que sin embargo no reaccionaron, y siento vergüenza. Aquello no era un gobierno, era una pandilla. El jefe de la banda (porque como tal se comportaron antes, durante y después de la tragedia los que tenían la obligación de proteger a los ciudadanos) sólo dio una instrucción: “Inundar de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas (sic) y calma a la gente”. Eso fue a primera hora de la mañana. Luego se tomó el resto libre mientras la gente se ahogaba.

Inundar. Es el verbo que utiliza. Pero no para hablar de la inundación segura de la que estaban avisados. Sino de la única que a ese gobierno siempre pareció interesarle: la inundación de los medios. Sensación. Es la otra palabra clave del mensaje. El president no ordena alerta, exige que se traslade la “sensación” de que “se está alerta”, que no es lo mismo. No importan los hechos, sino las apariencias. No hay una sola directriz ejecutiva en ese chat del Ejecutivo que la vicepresidenta Camarero acaba de entregar un año y ocho meses después del desastre a la juez que lo investiga.

En ese grupo de whatsapp los miembros del Gobierno se trasladan menos información que la que cada uno por su cuenta podía obtener simplemente estando atentos a esos medios a los que pretendían “inundar”. Como escribió en esos días mi compañero Matías Vallés, el president Mazón sabía menos de lo que estaba ocurriendo que cualquier vecino que estuviera viendo la tele. Comprendo, aunque no comparto, el empeño del Tribunal Superior de Justicia en atar en corto a la magistrada para que esto acabe sin responsables. Porque lo que el TSJ viene a decir con sus resoluciones es que eran todos irresponsables. Y eso es cierto. Los mensajes lo demuestran. Lo que cuesta entender es que el tribunal dé por bueno que un gobierno se inhiba y sólo admita juzgarlo si hubiera hecho su trabajo. La letra de la ley es posible que acompañe ese razonamiento de fondo de los magistrados (y del fiscal: manda huevos, Federico) de que lo mejor que puede hacer un Gobierno ante una catástrofe es no hacer nada para no meterse en líos. Pero me niego a asumir que el espíritu de la ley sea ese.

El PP está convencido de que la factura de aquel despropósito está ya amortizada. Sus encuestas........

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