Carlos Mazón, en el Cecopi el 30 de octubre. / EFE

El pasado 28 de febrero, tras enviar la titular del juzgado de Catarroja al Tribunal Superior de Justicia su exposición razonada en la que le solicitaba que imputara al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para proseguir la investigación sobre las responsabilidades en la gestión de la DANA, puesto que al ser aforado Mazón ella no podía continuar las indagaciones a pesar de considerar que había indicios suficientes para encausarlo, publiqué en este periódico un artículo (“Mazón debe responder”), en el que me inclinaba por la tesis de que los magistrados aceptarían la causa para, al menos, tomar declaración al anterior jefe del Consell. Puesto que no soy jurista, aunque consulté con algunos de los de más prestigio en esta Comunitat antes de escribir, advertí no obstante que me arriesgaba a que ustedes me sacaran los colores en apenas unas semanas si me equivocaba, como así ha sido. El pleno de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, por unanimidad, ha resuelto rechazar investigar a Mazón por entender que no hay indicios suficientes para ello en la petición formulada por la juez, así que no cabe otra cosa que admitir mi error de apreciación, pedirles disculpas a los lectores si con ello les he confundido y felicitar al expresident y sus asesores, no tanto a su partido, por haber superado este importante asalto. Desde el 29 de octubre de 2024 debe ser ésta, la mía, la primera felicitación que recibe Carlos Mazón, al menos por escrito.

Eppur si muove. Y sin embargo, se mueve, que dijo Galileo cuando los jueces de su época resolvieron que la Tierra no giraba alrededor del Sol, obligándole a retractarse. El auto del TSJ, extenso y prolijo en citas jurisprudenciales, se basa en una sola cosa: en que el president de la Generalitat, el jefe del Gobierno autonómico, no era “garante” frente a los ciudadanos de nada de lo que ocurriera el día de la Gran Riada, porque ningún artículo legal lo consideraba expresamente como tal salvo que él mismo hubiera asumido motu proprio su competencia declarando la emergencia catastrófica, cosa que se cuidó de hacer. El máximo responsable del gobierno no era, a juicio del pleno del TSJ, responsable de nada. Con una alerta roja decretada desde primeras horas de la mañana, con un diluvio cayendo sobre decenas de municipios de Valencia, con todos los medios de comunicación advirtiendo previamente del desastre que se venía y contando luego, en tiempo real, la tragedia que se estaba produciendo, el hombre con más poder para movilizar efectivos y tomar decisiones en esta comunidad tenía esa jornada la misma responsabilidad que yo mismo o que cualquiera que lea este artículo. La misma que todos y cada uno de los magistrados que han firmado este auto, a los que me cabe hacerles sólo una pregunta: si cualquiera de ellos, con todo lo que son, hubiera llamado esa tarde a Emergencias para ordenar alguna actuación, ¿les habrían atendido? No, ¿verdad? ¿Y si la llamada la hubiera hecho Mazón? Ni ellos, por muy magistrados que sean, ni yo, ni ustedes podíamos llamar y que nos hicieran caso. Mazón, sí. Pero el TSJ concluye que, pese a ello, no era “garante” de la seguridad y la vida de sus conciudadanos. Ni siquiera tenía obligación de intentarlo.  

Llama la atención que el TSJ dedique buena parte de su argumentación a pedirle, directa o indirectamente, disculpas a las víctimas por la decisión que está adoptando. No se entiende. O es justa o no lo es, y lo demás huelga. Más valdría que hubiera aclarado su parte dispositiva, en la que habla de un archivo que no se explicita si es definitivo, y por tanto Mazón ya puede respirar tranquilo para siempre, o provisional. Dirán sus señorías que eso se sobreentiende, pero puedo asegurarles que colegas suyos de mayor alcurnia en el escalafón aún no lo tenían claro a media tarde de ayer, con lo que no quiero ni contarles a los magistrados qué entendíamos los legos, que somos la mayoría de los ciudadanos, incluidos todos aquellos que perdieron familiares y bienes en la inundación. Que una resolución de tal calibre, con 230 muertos sobre la mesa, no sea diáfana dice mucho, pero para mal, de nuestro sistema de justicia.

En todo caso, el TSJ sabe que acaba de abocar a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana a un callejón sin salida. Rechaza asumir la causa e investigar a Mazón porque no hay “indicios reforzados” contra él. Pero, siendo aforado, el Tribunal sabe que es difícil reunir dichos indicios cuando ni siquiera se le puede tomar declaración. En cuanto a lo de “reforzados”, este periodista, que no estudió Derecho porque prefirió Historia, que también da mucho de sí, no ha encontrado una definición precisa de lo que tal término significa, lo que le hace temer que estamos una vez más en el terreno de la subjetividad más absoluta. Esa que lleva a que un fiscal general del Estado pueda ser condenado porque borró sus mensajes, y eso es prueba de cargo para el Tribunal Supremo, pero a un presidente de la Generalitat no se le pueda preguntar qué hizo con los suyos, a pesar de que su mano derecha haya confesado que por su parte también los borró.

El aforamiento fue en sus orígenes una reivindicación de los sectores más progresistas de la sociedad, temerosos de que la acción política de sus representantes pudiera verse bloqueada por las maniobras de los más poderosos en los juzgados. Pero su abuso por parte de todos ha acabado pervirtiendo la figura, que ha terminado actuando justo como lo contrario de lo que se perseguía: como un blindaje precisamente para los que más poder tienen. Con independencia de que Mazón tuviera o no responsabilidad penal en lo sucedido el 29O (siempre hemos sabido distinguir entre las responsabilidades políticas y morales y las penales) resulta imposible entender que la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana ese día no pueda siquiera ser preguntado por lo que hizo o dejó de hacer, mientras por el juzgado desfilan decenas de actores menores a los que se puede interrogar durante horas por parte de una juez, un fiscal y decenas de abogados. El auto del TSJ dice en definitiva que no se puede saber si Mazón dio ese día órdenes a la consellera a través de su jefe de gabinete, o no. Pues en su mano estaba preguntarle, pero han optado por dejarlo estar a pesar de que nadie más que ellos puede hacerlo.

En periodismo, esa profesión que tantos jueces desprecian, hay una anécdota que se ajusta como anillo al dedo a la situación. Cuentan que la protagonizó el luego afamado comediógrafo Jardiel Poncela, que empezó haciendo prácticas como periodista. Él, que escribía como los ángeles, era altanero, y su redactor jefe no podía soportar lo que a su entender no era otra cosa que la frivolidad de lo que entonces llamaban un “lechuguino”. El caso es que una vez Jardiel Poncela fue enviado a cubrir un suceso y cuando entregó su crónica había escrito que el siniestrado cayó a un pozo “de cinco metros de altura”. El redactor jefe, que vio su oportunidad, le recriminó delante de toda la plantilla: “Querrá usted decir de cinco metros de profundidad, ¿no, pollo?”. A lo que Jardiel le replicó: “No, señor. De cinco metros de altura. Es que yo escribo desde el punto de vista de la víctima”. Justo lo contrario de lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia.

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