Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Supremo, en Madrid (España). / EUROPA PRESS -ARCHIVO

Hay algo profundamente inquietante en que hayamos normalizado hablar de jueces conservadores y progresistas como si se tratara de una clasificación natural, inocua o incluso inevitable. Lo repetimos con tanta frecuencia en tertulias, medios de comunicación y debates políticos que apenas reparamos ya en la enorme contradicción que encierra. Porque si la justicia debe sustentarse sobre la imparcialidad y la aplicación objetiva de la ley, ¿qué significa exactamente que un juez sea identificado públicamente por su tendencia ideológica? ¿Y, sobre todo, qué consecuencias tiene eso para la confianza de la ciudadanía?

Naturalmente que los jueces tienen ideología. Como la tienen periodistas, enfermeras, profesores, ingenieros o cualquier otra persona. Pretender lo contrario sería absurdo. Nadie deja de tener convicciones personales en función a su profesión u ocupación. El problema no es que existan ideas. El problema aparece cuando esas ideas parecen proyectarse sobre la interpretación de la ley hasta el punto de que la ciudadanía acaba percibiendo que determinadas resoluciones pueden depender más de la sensibilidad ideológica del tribunal que de la propia norma jurídica.

Ahí es donde empieza el deterioro. Porque entonces la justicia deja de contemplarse como un espacio de garantías comunes para........

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