El alcalde de Alicante, Luis Barcala, reflexivo durante el pleno por el escándalo de las viviendas protegidas. / Rafa Arjones

Hace algo más de una semana tomábamos conocimiento de una noticia, firmada por Mercedes Gallego y Carolina Pascual, que, ya desde su apariencia más básica, llamaba a la preocupación. En una promoción de viviendas protegidas, escasísimas, habían conseguido adjudicaciones varias personas vinculadas al Ayuntamiento y la Generalitat: la concejala de Urbanismo, tres familiares de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, el jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, un arquitecto municipal y una técnica del Consistorio al que su marido, trabajador de la Generalitat, validó su solicitud. Demasiados son para avalar sospechas.

Siendo el problema de la vivienda seguramente el más grave que padece esta sociedad, que quien no reúne las condiciones y aprovechando un puesto oficial se beneficie de las ventajas que se ofrecen a quienes lo necesitan, es demostración palpable de un mal extendido que no se limita a unos, sino que afecta a la sociedad toda. No hay siglas que se escapen, ni ideas que salvaguarden el deber ser.

Varias administraciones están implicadas en los sucesos de la urbanización Les Naus, la local y la autonómica y, del mismo modo, lo están al nivel que se determine, sujetos vinculados a ambas. La responsabilidad personal de unos y otros se........

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