Poder judicial y tribunal constitucional |
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, realiza una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). El TS ha acordado levantar las medidas cautelares contra el líder de Junts una vez conocida la decisión del Trib / Belga - Europa Press
La amnistía ha sido de alguna manera aceptada socialmente después de casi diez años. Nunca debió acudirse a ella por lo que significa y lo que en el futuro puede repetirse en manos de otros y por razones diversas. Si el indulto ya es complicado por su uso en los asuntos que conforman el aparato ideológico de cualquier gobierno y el beneficio a los propios que genera impunidad, la amnistía puede servir para avalar lo que no es compatible con un sistema democrático.
El Tribunal Constitucional ha cerrado el conflicto jurídico, que se limitaba, exclusivamente, a si la ley era aplicable a la malversación, respetando la letra de la ley de amnistía y la doctrina del TS, unánime y pacífica, de modo que no se extendiera a quienes cometen este delito fuera del marco de lo amnistiado. La decisión, en cualquier caso, afectaría a lo que se entiende como malversación. Anular la resolución del TS implicaba despenalizar en parte el delito o, al menos, complicar su aplicación general y en beneficio de quienes malversan fondos públicos.
El TC ha optado por entender amnistiable la malversación desatendiendo la doctrina general del TS, entrando de lleno en una competencia de la que carece y utilizando argumentos tan abstractos y generales como válidos para cualquier situación -no es la primera vez que lo hace-, inseguros y susceptibles de ignorar la ley bajo consideraciones estrictamente políticas, ni siquiera........