El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Cuando se promulgó la Ley 1/2025, de Eficiencia del servicio público de Justicia me llamó la atención el acogimiento favorable que tuvo en algunos sectores en sus diversos aspectos y en las reformas que vino a consagrar. Y así lo fue, desde la mediación preceptiva, aplaudida como forma útil de resolver conflictos, a la transformación de nuestros tribunales en grandes organizaciones, los tribunales de instancia, cuyo diseño se iba a establecer y desarrollar en tiempo récord, sin medios materiales bastantes y falta de jueces, fiscales, LAJS y funcionarios en general. Y sin un sistema digital común y eficaz. Ni común para todos, ni eficaz por los fallos detectados.

Buena parte de los que opinaban lo hacían destacando los grandes beneficios teóricos de las medidas sin percatarse de que detrás había mucho más: una privatización de la justicia indirecta que repercutía en los ciudadanos la solución de sus controversias y una noción de eficiencia que se asentaba en la negación de que el problema de la Justicia fuera el de su escasa e insuficiente financiación, sino que era el de la ausencia de eficiencia, es decir, que había que reformar su organización desde su consideración como servicio público, no como un Poder del Estado. Un entendimiento revolucionario, inconstitucional y no democrático.

Para complicar la cosa, desde el ministerio se acordó, sin........

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