Así fue el ataque de Israel sobre el complejo de Ali Jameneí

Estados Unidos es un imperio e Israel es su portaaviones estratégico en Oriente Medio. Ambos Estados se forjaron en la adicción a la guerra como instrumento de dominio y control sobre territorios y poblaciones.

Desde su configuración como potencia mundial a finales del siglo XIX y, especialmente, tras su consolidación como potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha hecho del estado de guerra el eje de un proyecto de expansión imperialista centrado en la instauración de un orden global sustentado en la subordinación de gobiernos aliados, la coerción contra los no alineados y una extensa red de bases militares desplegadas por todo el mundo. Todo ello con el fin de garantizar el libre acceso de sus grandes corporaciones a las regiones productoras de recursos vitales para su economía, asegurar el control de las rutas comerciales estratégicas y contener el ascenso de potencias capaces de disputarle esa primacía. En este contexto, la función del Estado israelí ha consistido en servir de punta de lanza del capitalismo occidental para controlar el petróleo de la región y el Canal de Suez.

Trump y Netanyahu representan hoy las versiones más bestializadas de ese sistema de guerra. Un sistema en el que las poblaciones civiles, tanto en los países agredidos como en los propios países occidentales, terminan pagando el precio, en vidas y recursos, mientras los grandes oligopolios financieros, energéticos y armamentísticos se embolsan los beneficios.

Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump, en Florida. / Amos Ben Gershom / Israel Gpo / Zuma Press / Contact

Ambos mandatarios son los responsables directos de iniciar una guerra contra Irán, el pasado 28 de febrero, que ha incendiado Oriente Medio y cuyos efectos ya han comenzado a sacudir la economía mundial. Los ataques aéreos israelí-estadounidenses de ese día contra ciudades iraníes, que acabaron con la vida de cientos de civiles y con la del ayatolá Alí Jameneí y varios miembros de la élite gobernante de la República Islámica, se produjeron durante las negociaciones en Ginebra sobre el programa nuclear iraní —en las que participaban Estados Unidos e Irán—, cuando, según fuentes diplomáticas, estaban a punto de concluir en un acuerdo. Fue, por tanto, una agresión unilateral, sin provocación previa, por lo que, a la luz del derecho internacional, podría considerarse constitutiva de crímenes de guerra.

El relato de la supuesta amenaza nuclear iraní para justificar la ofensiva, que recuerda inevitablemente al de las armas de destrucción masiva que nunca existieron en Irak para legitimar su invasión en 2003, constituye además un atentado contra el derecho a la verdad.

Durante más de tres décadas, Netanyahu viene insistiendo en el mismo mantra: el régimen iraní está a punto de dotarse de armamento nuclear, una tesis que la Administración Trump ha asumido sin reservas. Sin embargo, la realidad es que Irán no posee armas nucleares ni existen pruebas concluyentes de que esté fabricándolas. Paradójicamente, quien sí dispone de ellas es el Estado israelí, que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear ni permite inspecciones de la OIEA en sus instalaciones. ¿Quién amenaza a quién?

En realidad, los verdaderos objetivos de la guerra de Trump y Netanyahu son el control del suministro mundial de petróleo y gas en una región que provee a China, principal rival geopolítico de Washington, y el reforzamiento del Estado israelí como potencia aliada en Oriente Medio. Nada que ver con la hipócrita invocación a la defensa de los derechos del pueblo iraní.

Protestas contra la muerte del ayatolá Alí Jamenei. / Ameer Al-Mohammedawi / dpa

Por todo ello, frente al paradigma de la ley del más fuerte que se extiende por el mundo desde la Casa Blanca, se impone la defensa —en la calle y en las instituciones democráticas— del derecho internacional, claramente expresado en la Carta de las Naciones Unidas. Elaborada en respuesta a la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, la Carta estableció los principios destinados a poner fin a la ley de la jungla en las relaciones internacionales: el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos sin injerencias externas, la renuncia de los Estados al uso unilateral de la fuerza, la resolución pacífica de los conflictos y la cooperación entre las naciones.

Es cierto que, a partir de la Guerra Fría iniciada en 1947, muchas resoluciones adoptadas por la ONU han caído en saco roto por colisionar con los intereses de las grandes potencias. Sin embargo, el derecho internacional sigue marcando el horizonte de una convivencia más justa y humana entre los pueblos: un mundo en el que la diplomacia se imponga a la guerra, la cooperación al dominio del más fuerte, y la democracia real al autoritarismo.

Hoy, dos décadas después de las movilizaciones de 2003, la llama de esa aspiración se mantiene viva en el lema que vuelve a escucharse en el mundo: «NO A LA GUERRA».

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