Es evidente que España no está en condiciones de abordar una reforma de la Constitución ambiciosa si no se quiere poner el país patas arriba y arriesgar su actual configuración. El debate abriría la caja de los truenos sobre asuntos cruciales de nuestro ordenamiento, como son la Monarquía, el sistema electoral, los derechos fundamentales o la configuración centralista, federal o confederal del Estado.

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