En los últimos meses, desde que se produjo el acuerdo político entre el PSOE y Junts per Catalunya con el que se abría la posibilidad de la investidura de Pedro Sánchez, en el que se aludía al término lawfare y se preveía la presentación de una proposición de ley sobre la amnistía, han sido reiteradas las acciones que acreditan la confrontación por parte del órgano de gobierno de los jueces y algunos de estos frente al Ejecutivo. En especial, se han producido frente al Legislativo, auspiciadas, sostenidas y predicadas por el PP y la extrema derecha en España. Y, últimamente, tiene lugar entre fiscales de diferentes categorías, como si de un torneo se tratara, animado e insidiosamente aplaudido y dirigido por determinado sector mediático y los “voceros” más extremos de aquel en nuestro país, amén del impacto en las redes sociales y sobre los ciudadanos, en general.

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