Mucha tinta ha corrido desde que, en las elecciones generales húngaras del pasado 12 de abril, se consumase la derrota electoral de Victor Orbán y su partido Fydesz a manos del Tisza de Peter Magiar, en una cita tan largamente ansiada por sus oponentes tras 16 años de implacables mayorías absolutas, desde 2010 hasta el 2026.

Bibliotecas enteras de Ciencia Política y Derecho Constitucional han venido dando cuenta del Constitutional Breakdown ("desmoronamiento constitucional") causado por la despiadada regresión iliberal impuesta por el Gobierno Orbán: empezando por una drástica reforma electoral que, en 2010, estableció el “premio de mayoría” por el que 2/3 del Parlamento húngaro (unicameral) se asignaban directamente al ganador de las elecciones (aunque fuese con porcentajes menguantes en el curso de los años), continuando después por la captura de todos los órganos constitucionales (Oficina Judicial, Consejo Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional…) y todos los contrapesos (Televisiones públicas y privadas, Consejo de Medios, Consejos académicos y Rectorados, Juntas Electorales…), pasando por la corrupción masiva y enriquecimiento personal del entorno del primer ministro Orbán, con abuso de los Fondos europeos, no dejó su paso por el poder títere con cabeza en Hungría.

A lo largo de los años, en la medida en que el desafío de Orbán contra el Derecho europeo se recrudecía, las Instituciones de la UE hicieron cuanto estuvo en su mano para contener el daño y reaccionar contra él: la Comisión Europea, con sus procedimientos de infracción y suspensión del acceso a los Fondos por aplicación del Reglamento........

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