Días atrás, a raíz de que en la Gaceta Oficial de la República se publicaran varios decretos –en los que se actualizan normativas para los actores económicos no estatales–, asistí a un curioso debate que, por lo frecuente de su enfoque (o desenfoque) merece un comentario.

En cierta red social, una persona opinaba que las nuevas normas de control eran excesivas, pues no siempre los actores económicos privados podían presentar facturas u otros documentos que acreditaran transacciones.

Dadas las dificultades económicas del país, afirmaba el forista, ser demasiado estrictos va contra quienes garantizan alimentos y otros bienes al pueblo; por tanto, debería dejarse que cada cual venda lo que le parezca, sin tanta «burocracia».

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