Retraso bajo sospecha

02 de abril 2026 - 03:08

Los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León no acaban de concretarse. Todo va bien, dicen en los dos partidos, pero quedan flecos pendientes. En el último momento, dicen en el PP, Vox presenta una nueva exigencia, el PP la sopesa y muestra sus reticencias porque generalmente se trata de asuntos ya debatidos y aceptados. Así se van cumpliendo los plazos marcados inicialmente sin que se concrete la fecha de la firma del acuerdo. Tengan razón unos u otros, empiezan a aparecer sombras de sospecha. Las cosas no están amarradas como se suponía y se comprende también que el peso de esa sospecha se centre en Vox más que en el PP. Porque en el PP sí hay un líder nacional que trabaja codo a codo con los barones regionales, y porque Feijóo les ha trasladado que, aunque ellos deben tomar las decisiones últimas, él cree que los acuerdos hay que cerrarlos cuanto antes, a pesar de que en algunos casos las exigencias de Vox sobrepasan lo aceptable. Pero lo que importa es dejar a la izquierda fuera de los gobiernos, y que en las elecciones generales Pedro Sánchez se haya convertido en un político debilitado por su escaso poder territorial.

Hay razones por tanto para que la mirada se pose fundamentalmente en Vox. Su bloqueo sistemático y presentación de nuevas exigencias en negociaciones que se daban por cerradas vienen de antiguo, ya utilizaron artimañas cuando se negaron a negociar con el PP en las primeras elecciones autonómicas en las que intentaron coaliciones, que luego rompieron. Pero además, en las últimas semanas han aparecido noticias de Vox que confirman lo que algunos periodistas vienen contando hace mucho tiempo: Es un partido que actúa con importantes carencias democráticas, en el que no manda su presidente sino personas que ni siquiera forman parte de la ejecutiva –Julio Ariza y su hijo Gabriel, más la persona de máxima confianza de los Ariza, Kiko Méndez Monasterio–, porque las cuentas necesitan revisión urgente, porque quienes lo han indicado han sido desplazados o expulsados del partido, y porque hay salarios de altos cargos no suficientemente explicados. Sobresueldos discrecionales, decisiones que se toman sin el obligado debate previo de los miembros de la dirección nacional, y campañas de desprestigio personal contra dirigentes que se niegan a aceptar las órdenes que emanan de personas que no pertenecen a la ejecutiva. Campañas con informaciones que se demuestran falsas.

Cuando un partido ha perdido la práctica totalidad de sus fundadores por desacuerdo con decisiones no debatidas ni consultadas previamente, como ocurre en Vox, como ocurrió en Podemos, es fácil llegar a la conclusión de que algo pasa. Pasa además en estos dos casos cuando los partidos están en alza, incrementan de forma espectacular su número de escaños… y por tanto el dinero público que les corresponde administrar. La falta de explicaciones conduce siempre a lo mismo: la desconfianza, el recelo.

© Granada Hoy

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