El Decreto Legislativo Nº 1623, que modifica la Ley del IGV para incluir servicios digitales y bienes intangibles, introduce una serie de desafíos técnicos y operativos que podrían tener efectos contraproducentes en la economía digital del Perú. La definición ambigua de “servicios digitales” y la determinación de la “residencia habitual” del usuario mediante dirección IP o código de SIM son ejemplos de imprecisiones que podrían generar dificultades en la implementación. Estas definiciones no solo afectan la claridad normativa, sino que también pueden llevar a la imposición del IGV en situaciones en las que los servicios no se consumen realmente en el país, resultando en posibles dobles imposiciones y conflictos de jurisdicción.

Además, se impone una considerable carga administrativa a las empresas extranjeras que deberán actuar como agentes de retención o percepción del impuesto. Esta........

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