En España existen multitud de normas contra la corrupción. Se puede decir que hay toneladas de regulación existente en forma de normativa en materia de contratos del sector público. Así, de memoria: subvenciones, transparencia, conflictos de intereses, tráfico de influencias, códigos éticos, sistemas de integridad, etc.
Incluso existe una Fiscalía Anticorrupción. Por otra parte, nuestra Constitución (Artículo 9.3) prohíbe el funcionamiento arbitrario de las instituciones públicas: «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de........