Viciados por internet, donde todo parece gratis, muchos creen que la asistencia médica sale de balde en España. Hombre, no. Gratis no hay nada en esta vida y probablemente tampoco lo habría en la otra, si existiese.

Tanto la sanidad como la enseñanza se pagan a escote con los impuestos que Hacienda y la Seguridad Social nos sacan de la nómina (y bien sisados que están). Otra cosa es que no le cobren a uno por acudir a la consulta o al hospital, ya que la cuenta se salda por anticipado.

Para instruir a la población en estas sutilezas, algunos reinos autónomos tuvieron años atrás la idea de expedir facturas a los pacientes cuando se les daba de alta, de modo que supiesen lo que vale un peine y no digamos ya una intervención quirúrgica.

Querían concienciarlos así del alto coste de la sanidad, pero pronto cayeron las autoridades en la cuenta de que muchos de los afectados se lo tomaban al pie de la letra. La campaña duró poco, dados los sobresaltos que la factura meramente informativa producía entre sus receptores. Con especial riesgo para los pacientes cardiacos.

Nadie o casi nadie cuestiona las bondades de un sistema de cobertura sanitaria universal, que no de gorra, como el que ofrecen la mayoría de los países europeos y algunos de otros continentes.

Cuestión distinta es cómo gestiona cada país ese modelo generalmente alabado por los beneficios que ofrece a la población.

Contra lo que en general se cree, el de España es un sistema mixto que a menudo incluye conciertos entre la sanidad pública y la privada. El caso más notable es el de Cataluña, donde más de la mitad de los hospitales están cogestionados o concertados con empresas particulares, aunque la titularidad sea pública. Pero no es el único.

Otras comunidades autónomas recurren también a parecidos sistemas de cooperación. En Galicia, sin ir más lejos, el mayor hospital público de Vigo fue diseñado y construido por un consorcio de empresas privadas, que se ocupan y benefician además de los servicios no estrictamente médicos. Otro de ellos es directamente privado, si bien atiende mediante concierto con la sanidad pública a un 20 por ciento de los pacientes del área sanitaria.

Todo esto da lugar a situaciones paradójicas. Una huelga de médicos, que están en su derecho, puede tener como efecto involuntario la derivación de pacientes del sistema público a clínicas privadas, por ejemplo. De hecho, es una de las garantías establecidas por ley autonómica cuando se producen retrasos excesivos en la atención.

Queda claro, en fin, que la sanidad puede ser pública, privada y hasta mediopensionista en el caso de los conciertos a veces desconcertantes entre gobiernos y empresas. Lo que importa es que siga estando al alcance de los contribuyentes, que para eso la pagan. Mal asunto si hasta lo evidente empieza a estar en duda.

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