Infraestructura: El Plan ya está, ahora falta el Estado |
En el Perú estamos acostumbrados a anunciar planes ambiciosos. Planes de reformas, planes de competitividad, planes de modernización y, por supuesto, planes de infraestructura. Sin embargo, la historia reciente muestra que el problema del país no ha sido la falta de planes, sino la falta de ejecución. Por eso, el nuevo Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031 debe leerse con más análisis que entusiasmo; no porque sea insuficiente, sino porque, en mi opinión, es extremadamente ambicioso y, por lo mismo, extremadamente exigente para el Estado. El plan prioriza 72 proyectos y moviliza inversiones por más de S/ 144,000 millones. La cartera incluye infraestructura de transporte, agua y saneamiento, salud, educación, electricidad, telecomunicaciones, turismo y agricultura. En términos simples, el documento no es solo una lista de obras; es, en la práctica, el mapa de la infraestructura que el Perú intentará construir en los próximos años y, sobre todo, el mapa de las concesiones, APP y proyectos bajo Obras por Impuestos que se estructurarán en la próxima década. Aquí aparece la primera idea importante: estos 72 proyectos no son solo proyectos de infraestructura. Son proyectos financieros, contractuales e institucionales de largo plazo. Cada uno implica estructuración, financiamiento, asignación de riesgos, liberación de predios, permisos ambientales, estabilidad regulatoria y mecanismos de solución de controversias, como los Dispute Boards y el arbitraje. Cuando un proyecto de infraestructura fracasa, no suele fracasar por un problema de ingeniería; fracasa por un problema de diseño contractual o de gestión de riesgos. Por eso, el verdadero desafío del Plan Nacional de Infraestructura no es seleccionar proyectos, sino ejecutarlos correctamente. El Perú ya ha tenido carteras ambiciosas en el pasado. Lo que también ha tenido son obras paralizadas, adendas inevitables, arbitrajes millonarios y proyectos que tardan el doble o el triple de lo previsto. El problema no ha sido la falta de proyectos, sino la debilidad institucional para llevarlos a buen término. El plan, además, confirma algo que el mercado ya anticipaba, la infraestructura peruana se ejecutará principalmente mediante mecanismos de inversión privada —APP, concesiones y Obras por Impuestos—. Esto significa que el desarrollo de infraestructura en el Perú dependerá cada vez más de la calidad de los contratos, de la bancabilidad de los proyectos y de la capacidad del Estado para gestionar relaciones contractuales de largo plazo con inversionistas y concesionarios. En otras palabras, la infraestructura ya no es solo un tema de ingeniería o de presupuesto público; es un tema de derecho contractual, financiamiento de proyectos y gobernanza institucional. También es importante mirar la composición sectorial del plan. La presencia de transporte, agua, salud y educación muestra que la infraestructura ya no se entiende únicamente como carreteras o puentes, sino como servicios públicos, productividad y desarrollo territorial. La infraestructura de agua reduce pobreza, la infraestructura de transporte reduce costos logísticos, la infraestructura hospitalaria mejora capital humano y la infraestructura educativa mejora productividad futura. La infraestructura, en realidad, es política económica materializada en concreto. Pero aquí aparece la pregunta más importante: ¿Puede el Estado peruano ejecutar una cartera de esta magnitud sin repetir los errores del pasado?; porque el verdadero riesgo del plan no es que los proyectos no existan, sino que existan en el papel y no en la realidad. El Perú tiene una larga tradición de proyectos anunciados, priorizados, relanzados y finalmente postergados. Tal vez la recomendación más importante no sea priorizar más proyectos, sino priorizar proyectos ejecutables. Proyectos con expedientes técnicos sólidos, riesgos identificados, predios liberados, interferencias mapeadas, contratos bien estructurados y financiamiento viable. La diferencia entre una cartera de proyectos y una política de infraestructura exitosa está en la capacidad de convertirlos en obras terminadas, operativas y útiles para la economía y la ciudadanía.
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