El Perú muestra una incapacidad persistente para debatir sobre su futuro sin que el pasado irrumpa en la escena. La reciente decisión judicial de revisar el cómputo de las condenas de Vladimiro Montesinos lo confirma. Este personaje, pieza central del régimen de Alberto Fujimori en los años noventa a través del Servicio de Inteligencia Nacional, regresa así al debate público. De forma paralela, la captura de Lupe Zevallos, vinculada al caso Aerocontinente y a redes empresariales conectadas al narcotráfico de esa década, revive uno de los pasajes más oscuros de la historia reciente del país. Desde la caída del fujimorismo en el año 2000, las campañas electorales se han visto atravesadas por una polarización resistente: fujimorismo contra antifujimorismo. Este eje apareció con fuerza en 2006, enfrentando a Alan García y Ollanta Humala. Entonces, gran parte del electorado votó más por temor al radicalismo que por una convicción programática. En 2011, la contienda entre Keiko Fujimori y Humala repitió el escenario y convirtió la campaña en un plebiscito emocional sobre el legado fujimorista. En 2016 vio una división similar entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. El antifujimorismo resultó decisivo, permitiendo una victoria por escaso margen. La polarización se profundizó en 2021, cuando Keiko Fujimori enfrentó a Pedro Castillo en una elección marcada por el miedo entre dos visiones antagónicas del país. Durante dos décadas, el eje fujimorismo-antifujimorismo ha ordenado emocionalmente el voto peruano. Cada vez que los fantasmas del pasado retornan a la agenda, esa división la reaniman manos ocultas. La revisión judicial sobre las penas de Montesinos es, esencialmente, un tema legal. Aun así, en pleno ciclo electoral, lo que para los jueces es un expediente adquiere efectos políticos inmediatos. Los partidos reinterpretan el hecho, los medios amplifican su carga simbólica y el público responde desde sus propias memorias políticas. La captura de Zevallos suma un factor relevante. El caso Aerocontinente se erigió como símbolo de los nexos entre negocios, política y narcotráfico que se iniciaron en los años noventa. Traerlo de nuevo al centro del debate busca avivar las sospechas institucionales de ese periodo. Los símbolos pesan y este episodio los hace visibles otra vez. El resurgimiento del eje fujimorismo-antifujimorismo fortalece el voto duro fujimorista, que responde con cohesión ante cualquier cuestionamiento a su historia. A la vez, activa nuevamente al antifujimorismo, coalición diversa que ha mostrado capacidad de movilización cuando este tema retorna. Así, los candidatos que intentan instalar agendas sobre seguridad, economía o institucionalidad quedan relegados por una discusión que no controlan. La polarización beneficia a quienes ya cuentan con identidad política definida. Dificulta, en cambio, la tarea de quienes buscan construir alternativas más amplias o reformistas. Esto empobrece el debate público. El Poder Judicial está obligado a actuar con celeridad, independencia e imparcialidad bajo el escrutinio de una opinión pública que interpreta sus decisiones en clave electoral. Pero, si no lo hace, la responsabilidad recae en el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para garantizar que la institucionalidad prevalezca y que los temas judiciales no dominen la agenda nacional. Las democracias más frágiles no logran procesar sus traumas y estos reaparecen en momentos críticos. Mientras el Perú sigue debatiendo los años noventa como si fuera una batalla inconclusa, el mundo avanza y los problemas actuales se multiplican. ¿Elegiremos el próximo gobierno mirando hacia el futuro o repitiendo las guerras políticas del pasado?

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