El 24 de marzo de 2026, la Contraloría General de la República le entregó a la ONPE un documento titulado “Reporte de avance ante situaciones adversas”. Advertía deficiencias críticas en el plan de distribución del material electoral. Diecinueve días después, ocurrió exactamente lo que el reporte había predicho: 211 mesas no se instalaron en Lima, entre 52.000 y 63.000 peruanos con nombre, documento y mesa asignada encontraron la puerta cerrada, y la Fiscalía intervino el almacén de Lurín porque cédulas con votos y USB electorales habían terminado mezclados con basura.

La “crisis institucional” es consecuencia de una cadena de decisiones tomadas por personas con nombre y cargo. El responsable inmediato es Piero Corvetto, jefe de la ONPE hasta su renuncia el 21 de abril. El 9 de marzo, su institución adjudicó a Servicios Generales Galaga S.A.C. un contrato de 6,3 millones de soles, pese a tres penalidades previas y solo 13 trabajadores en planilla. La Contraloría no solo avisó, documentó. Roberto Burneo, presidente del........

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