La decisión del Tribunal Constitucional de anular en octubre del año pasado el proceso judicial contra Keiko Fujimori —caso Cócteles— por carecer de sustento jurídico y ser inconstitucional, marcó un giro considerable en la política peruana. Tras más de una década de persecución legal, que incluyó prisión preventiva y una campaña de demolición sostenida por fiscales, expolicías politizados y sectores caviares, la narrativa judicial que la mantuvo condicionada en sus aspiraciones electorales, colapsó. ¿Fue todo un operativo calculado con fines políticos para impedirle llegar a Keiko a la presidencia? ¿Y si no hubiera existido, habría ganado en 2016 frente a PPK o en 2021 contra Pedro Castillo?

La hipótesis no es menor. El antifujimorismo profesional —ese bloque político e ideológico que ha funcionado como “árbitro moral” desde los años 2000— ha perdido influencia. Su credibilidad se ha erosionado tras apoyar a presidentes que terminaron envueltos en escándalos de megacorrupción, y más aún por su respaldo al desgobierno de Pedro Castillo, cuya cercanía con fuerzas prosenderistas fue evidente. El antifujimorismo ya no es el muro infranqueable que fue.

Una muestra........

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