Inestabilidad política e inseguridad ciudadana |
En nuestro país ya nos hemos acostumbrado a que cada generación tenga un liderazgo político que, en determinado momento, muestra una descomposición ética y moral que debilita la institucionalidad y, por ende, la gobernabilidad, al cual toda la población califica como el régimen más corrupto de la historia en el Perú. Se afirma que, dialécticamente, toda tesis genera su antítesis, lo que tendría que dar lugar a que, frente a la corrupción así generada, se alzara un régimen impoluto donde la institucionalidad genere confianza por su solidez jurídica y funcional, con lo cual la gobernabilidad muestre una eficacia en gobernanza sin precedentes. La desgracia peruana es que este devenir dialéctico no se produce porque la corrupción generalizada, en vez de provocar una corriente en contrario de honradez y eficacia, simplemente amplía el cauce para un mejor saqueo de las arcas públicas, debilitando la institucionalidad y casi destruyendo la gobernabilidad, eliminando o limitando, hasta casi desaparecer, cuanto sistema de control se haya implantado. En vez de construir instituciones fuertes para impulsar el desarrollo nacional en lo público y en lo privado, lo que se institucionaliza es la corrupción. Antiguamente se culpaba de esta situación a la oligarquía, que controlaba casi todos los factores de producción, pero si analizamos nuestra historia de los últimos cincuenta años, hemos asistido a un especial fenómeno en virtud del cual los empresarios emergentes de la base popular, profesores, ingenieros, intelectuales y profesionales provenientes de niveles socioeconómicos compatibles con los de la población mayoritaria, han ido involucrándose en política, creando sus propias organizaciones para participar en contiendas electorales, llegando primero a los gobiernos locales, luego a los regionales y, finalmente, al Congreso y a la presidencia de la República. En todo este discurrir, la institucionalidad y gobernabilidad, salvo alguna excepción, no han mejorado sustancialmente, sino que la corrupción ha carcomido todo nivel estatal y se ha expandido hacia los gobiernos locales y regionales. El problema, entonces, no radica en una lucha de clases para que los menos opriman a los más, ni de ricos contra pobres, sino porque la ambición, la incultura, la falta de visión de Estado, la inexistente vocación de servicio y el apetito de poder para satisfacer intereses propios o de grupo han venido debilitando la moral pública, al punto de generar un divorcio entre el Estado y la población. En el Congreso se agrupan facciones que prometen mucho y muestran pocos resultados, y en el Ejecutivo se cambian ministros y presidentes sin ningún pudor, pero todos con imputaciones de carencia de virtudes, conductas antiéticas y corrupción. Esta desarticulación estatal y el divorcio con la población han generado un vacío que ha sido tomado por asalto por el crimen organizado, que actúa como Pedro en su casa, imponiéndole a la población un poder violento por el vacío de poder estatal. Así estamos y no se ve mucha luz en el horizonte.
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