Un país al borde del colapso |
Hay momentos en que la indignación no solo es legítima: ¡es fundamental! Y este es uno de ellos. El Congreso del Perú se ha convertido -según la percepción de millones de ciudadanos- en una institución con poderes excesivos, omnímodos y profundamente abusivos, capaz de atropellar no solo al Ejecutivo, sino a la sociedad entera. Lo que debiera ser un contrapeso republicano, se ha transformado en un arma que golpea sin tregua la estabilidad del país. Esta deformación institucional no surgió de la nada. Es consecuencia de sucesivos gobiernos que, bajo discursos buenistas, fueron desmontando los filtros que alguna vez permitieron que el Estado fuese administrado por peruanos calificados, preparados y conscientes de la histórica responsabilidad que implica gobernar. En el Perú de ahora, la democracia está reducida a una permisividad ilimitada, donde basta obtener votos -sin importar cómo ni de qué procedencia- para acceder a cuotas de poder que luego se ejercen sin freno, criterio ni responsabilidad. Los resultados están a la vista. Basta revisar esta última década para comprender la magnitud del menoscabo. El Congreso ha vacado presidentes con una facilidad alarmante, amparándose en argumentos que van desde la corrupción hasta la incapacidad moral, para reemplazarlos luego por figuras provenientes del mismo Legislativo, muchas veces tan cuestionadas -o más- que quienes fueron removidos. El país ha tenido más jefes de Estado que años de estabilidad. Y cada reemplazo ha sido un golpe más al ya debilitado tejido institucional. ¿Cómo es posible que 130 parlamentarios -la mayoría de ellos sin secundaria completa, sin experiencia profesional, sin formación mínima para comprender la complejidad del Estado- sean los encargados de conducir el destino de una nación de 33 millones de personas? ¿Cómo es posible que los requisitos para ser legislador sean tan laxos, que incluso personas con sentencias por delitos políticos y/o culposos puedan ocupar un escaño? Este despropósito no es anecdótico: es estructural. Es el origen de nuestra autodestrucción republicana. Hemos permitido que nuestra representación política se degrade hasta niveles que rozan lo esperpéntico. Y hoy enfrentamos las consecuencias: un Estado secuestrado por la improvisación, la mediocridad y la corrupción. La situación se agrava cuando analizamos el proceso electoral en curso. Alrededor de cincuenta postulantes a la presidencia -treinta y siete finalmente habilitados- compiten por el cargo más importante del país, cada uno acompañado de interminables listas de aspirantes al Congreso. El resultado previsible es un Congreso aún más fragmentado, más precario y más incapaz que el actual. Un Congreso que, lejos de corregir el rumbo, profundizará la crisis. El futuro, en estas condiciones, no es prometedor. Es nefasto. Y lo es porque hemos renunciado a demandar calidad, preparación y responsabilidad a quienes aspiran a gobernarnos. Porque hemos confundido democracia con permisividad, representación con mediocridad, pluralidad con caos, y exigencia con buenismo. Perú no puede seguir transitando este camino sin pagar un precio devastador. Pero acá estamos, al borde de repetir, una vez más, el mismo error. Semejante indignación no basta. Pero reconocerla es un avance para recuperar aquella dignidad que hemos perdido.
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