Nuestra democracia está en peligro |
Lo ocurrido ayer en el Perú es gravísimo. A semanas de una elección vital para su futuro -donde la esperanza era un cambio para mejor, a efectos de salir definitivamente de esta década perdida que continúa inundándolo de mediocridad, maldad y suciedad en el juego político- el presidente Balcázar temerariamente declaraba “concluida la conducción del país por el gabinete Mirelles”, cesándolo como moneda de cambio para mantener en el poder a esa chusma socialista del peor calibre que nos gobierna hace una década. Hablamos del Congreso mutado en poder omnímodo, gracias al mal uso -concretamente al abuso- de la censura presidencial. ¡Semejante atentado ha quebrado en pedazos la gobernabilidad! Trampa que ha conseguido eliminar toda la confianza ciudadana, puesta en un profundo cambio de rumbo vía el proceso electoral de abril entrante. Hoy somos un país sin brújula en la antesala de una elección decisiva a la cual, si llegáramos -en menos de un mes- lo haríamos envueltos en tal estado de quiebra institucional, que de nada serviría. La renuncia de una presidenta del Consejo de Ministros a veintiséis días de los comicios no es un episodio aislado: es la expresión más brutal de un Ejecutivo que no consigue estabilizar su conducción, ni transmitir claridad al tomar decisiones. Y cuando un país llega en este estado a la antesala de un proceso electoral, aquello se convierte en un peligrosísimo riesgo social. El problema real es la incapacidad del Ejecutivo para ofrecer una elemental línea de mando firme, coherente, continua y funcional. ¡Eso no existe ni existirá! Los organismos electorales necesitan entonces exigir interlocutores confiables y sagaces; decisiones rápidas y coordinaciones claras. Porque hoy, nuestro país está envuelto en tal incertidumbre que volatiliza cualquier expectativa ciudadana. Esta coyuntura se traduce en tres efectos inmediatos: 1) La desorientación administrativa, donde los ministerios entran en modo de supervivencia evitando toda decisión de fondo; inclusive, postergando acciones urgentes, 2) Tensión entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como entre estos y los organismos autónomos, operando sin la más elemental articulación, lo que agrava el caos; 3) erosión de la confianza pública: la ciudadanía observa un Estado que, para todo efecto, es incapaz de sostenerse a sí mismo; menos aún de conducir un proceso electoral limpio, ordenado y sobre todo confiable. Internacionalmente, las señales son semejantes. El mundo, los organismos multilaterales y los inversionistas ven con preocupación cualquier indicio de inestabilidad en la región. Un cambio abrupto en la jefatura del gabinete en plena víspera electoral, es síntoma manifiesto de enorme riesgo institucional. Y en un contexto global de tensiones geopolíticas, desafíos energéticos y volatilidad económica, no podemos seguir dándonos el lujo de proyectar aún más incertidumbre. ¡Nuestro país necesita blindar sus elecciones de abril ante la turbulencia política; los organismos electorales deben reforzar su autonomía y capacidad operativa; y nuestra ciudadanía necesita encontrarse firmemente activa sabiendo que, de aquella legitimidad del proceso electoral, depende su futuro! ¡Lo que está en juego, amable lector, no es un gabinete: es el mismísimo porvenir de nuestra democracia!
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