La liberación política del Ministerio Público |
Como señalaba ayer en EXPRESO el ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, la elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación constituye “una esperanza para recuperar la seriedad, prestancia, importancia y, sobre todo, la trascendencia del Ministerio Público en el marco constitucional”. Blume subraya que, tras largos años de deriva política, esta institución -fundada para defender la legalidad y a la sociedad- podría finalmente reencontrarse con su misión clave: ejercer la acción penal pública sin interferencias, sin militancias encubiertas y sin la manipulación mediática que tanto ha distorsionado su rol. El reconocimiento de Blume no es gratuito. Gálvez ha sido, durante años, blanco de sanciones que posteriormente fueron anuladas. Sanciones que -según acendrados juristas- respondieron más a una persecución interna que a criterios objetivos. Para Blume, el nuevo fiscal de la Nación es “fiel testigo de los efectos negativos que se producen cuando una institución es manejada con fines políticos o subalternos”. Su trayectoria, marcada por resistir presiones y arbitrariedades, lo coloca en una posición singular: la de quien conoce, desde adentro, los mecanismos de captura institucional y, consecuentemente, la urgencia de desmontarlos. La coyuntura es espeluznante. Tomás Aladino Gálvez asumió inicialmente el cargo de manera interina, tras la destitución definitiva de Delia Espinoza. Aquel relevo permitió, según numerosos analistas, que el Ministerio Público retornara a manos de un profesional ajeno a la red mafiosa de intereses que, durante dos décadas, ha condicionado decisiones clave desde dentro de la institución. Ayer, ya como fiscal de la Nación electo por la Junta Nacional de Justicia, Gálvez personifica un giro copernicano en una entidad que lleva demasiado tiempo sometida a tensiones políticas; y, fundamentalmente, a la influencia de grupos de poder de gente como Gustavo Gorriti. Su designación es el resultado de un combate principista que se ha extendido durante más de veinticinco años. Combate librado por apenas un puñado de peruanos que, como este escriba, nos opusimos a la continuidad de figuras como Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, etc., quienes ejercieron el cargo no para fortalecer la justicia, sino para alinearse con intereses abyectos, ajenos al mandato constitucional. Ese periodo coincidió con la consolidación de un poder informal -Gorriti- que habría conseguido convertir al Ministerio Público en un instrumento político al servicio de agendas particulares. En ese contexto, la figura de Gorriti aparece como eje de controversia. Sus detractores lo acusan de haber ejercido una influencia determinante en la orientación del Ministerio Público desde los años del gobierno de Alejandro Toledo, articulando una red de poder que habría condicionado decisiones fiscales de alto impacto. Para estos sectores, la elección de Gálvez simboliza el primer quiebre real en esa estructura. Tomás Gálvez, sostienen quienes apoyan su designación, representa la posibilidad de reconstruir una institución devastada por la politización. Su llegada al cargo abre un espacio para que el Ministerio Público recupere independencia, sobriedad y respeto por el debido proceso. Después de dos décadas de turbulencia, esa sola posibilidad ya constituye un hecho trascendental para la justicia peruana.
Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.
📲 Noticias a tu WhatsApp
Presiona AQUÍ y únete a nuestra comunidad 'Noticias al instante'.