Elecciones en riesgo por opacidad y desfinanciamiento |
A pocas semanas de las elecciones generales del 12 de febrero, el país enfrenta un escenario inquietante: un sistema electoral que arrastra la desconfianza acumulada desde los comicios del 2021 y que, para colmo, hoy se encuentra desfinanciado. La combinación es explosiva. La democracia no solo requiere transparencia; también demanda recursos para funcionar. Y hoy ninguna de estas dos condiciones está garantizada. En 2021, más de cien mil actas observadas fueron difundidas junto con peritajes privados que señalan inconsistencias en firmas y patrones gráficos. El Jurado Nacional de Elecciones desestimó esos cuestionamientos, pero la percepción pública quedó marcada: una parte significativa del país concluyó que el proceso no había sido plenamente transparente. Esa herida continúa abierta. Y hoy, a pocas semanas de un proceso electoral administrativamente complejo, ese antecedente condiciona la percepción ciudadana y multiplica los riesgos de una crisis postelectoral, en caso no se garantice un proceso impecable y verificable. El problema no acaba ahí. Esta vez, el sistema electoral enfrenta un nuevo obstáculo: la falta de presupuesto para unas elecciones sumamente complejas. Del gigantesco formato de la balota para votar, mediante oficio del 23 de febrero a una cuarentena de postores presidenciales y otros seiscientos postulantes para parlamentarios. El presidente del JNE informó que el presupuesto “una vez ajustado” —para garantizar el funcionamiento correcto de las elecciones— asciende a S/ 403 millones. No obstante, desde el Ministerio de Economía se afirmó que el “monto acordado” era de apenas S/ 214 millones. La contradicción no es despreciable: se trata de casi la mitad del presupuesto necesario para organizar elecciones generales, fiscalizar el proceso y asegurar que cada voto sea correctamente contabilizado. Hay más. Mediante un oficio contundente, el JNE manifiesta que “dicho acuerdo no existe ni se ha consensuado”. Semejante afirmación deja al descubierto un problema grave: las decisiones críticas para la estabilidad democrática están siendo tratadas con una ligereza inadmisible. ¿Cómo puede un país garantizar elecciones limpias si ni siquiera existe claridad sobre el presupuesto aprobado? ¿Cómo puede el sistema electoral cumplir su labor si se le niegan los recursos mínimos para hacerlo? La situación es aún más preocupante, considerando que, según denunció la propia autoridad electoral, tampoco están financiados los procesos para elegir gobernadores, alcaldes y autoridades de centros poblados. Vale decir, este país se encamina hacia uno de los procesos electorales más complejos de su historia con un sistema desfinanciado, debilitado y bajo una enorme sospecha. La democracia no puede ni debe sostenerse con discursos y buenas intenciones. Se sostiene solo con instituciones sólidas, reglas claras y recursos suficientes. Negarle al JNE el presupuesto necesario equivale a debilitar deliberadamente la transparencia de todo el proceso electoral. Y hacerlo en un contexto de desconfianza acumulada significa una irresponsabilidad histórica, de pronóstico reservado. ¡Perú no está en condiciones de permitirse otra elección cuestionada por el motivo que sea! La transparencia electoral no es negociable. El financiamiento tampoco. Si el Ejecutivo no corrige de inmediato esta crisis, no solo arriesgará la legitimidad del próximo gobierno; comprometerá la estabilidad del país entero.
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