El CAL y la amenaza de otro fraude electoral |
El fraude electoral es, quizá, la canallada más grande que puede cometerse contra una nación. No existe traición más profunda ni cobarde que la perpetrada por un puñado de ciudadanos que, investidos de una autoridad que jamás les otorgó directamente el pueblo, deciden manipular su voluntad. Y lo hacen —como suele ocurrir en los rincones más oscuros del poder— movidos por intereses subalternos como el lucro y la tentación de convertirse en árbitros absolutos del destino nacional, y en todopoderosos del gobierno entrante. Esa puñalada por la espalda, amable lector, no solo distorsiona un resultado: cercena criminalmente la soberanía popular. En el Perú, cada proceso electoral exhibe con mayor claridad y sofisticación los mecanismos de un fraude que, definitivamente, hoy no se disimulan. Los intereses en juego son tan grandes, tan jugosos, que la propina alcanza para silenciar a miles —o cientos de miles— de personas que, de una u otra forma, terminan beneficiadas por ese crimen social. Y todo ello ocurre bajo la sombra de un organismo que debiera ser intachable: el Jurado Nacional de Elecciones, hoy convertido en un ente cada vez más desprestigiado. Nuestra sociedad perdió hace tiempo la confianza en el JNE. Dejó de ser conducido por juristas incorruptibles, gente inteligente, preparada y patriota, para caer en manos de grupos mediocres, impresentables y dispuestos a cualquier cosa con tal de lograr enriquecerse ilimitadamente. La degradación institucional no es, entonces, un accidente: es el resultado de años de captura, de componendas y silencios cómplices. Y el fraude, repetimos, no depende de una técnica refinada, sino del secretismo con que opera la cúpula del organismo electoral. Un ejemplo reciente confirma esta tendencia. Desde hace semanas venimos alertando que, por segunda vez consecutiva, el delegado del Colegio de Abogados de Lima no integraría el pleno del JNE para las elecciones de abril. Para muchos ciudadanos, desinteresados en la mecánica electoral, esto puede parecerles irrelevante. ¡Pero no lo es! Hace años que el CAL dejó de ser un contrapeso moral y jurídico indispensable. Su ausencia ya ocurrió en las cuestionadísimas elecciones de 2021, y ahora se repite como si habláramos de algún detalle administrativo sin importancia. La impresión es evidente: los letrados han encontrado el talón de Aquiles perfecto para eludir responsabilidades. Si el Colegio de Abogados no presenta delegado, el resto del pleno del JNE queda libre para cometer fraude sin vigilancia, escrutinio ni freno. Y eso, amable lector, constituye un acto delincuencial. Porque quienes, conscientes de que su ausencia perjudicará al país y debilitará la institucionalidad que representan, indiscutiblemente evaden sus responsabilidades, debilitando al JNE, contribuyendo así a un escenario propicio para el fraude electoral. Hablamos de un hecho de significativa trascendencia en un país cercado por la corrupción. La renuncia del CAL a su rol fiscalizador abre el camino para que los cuatro miembros restantes del JNE hagan y deshagan a su antojo. Mientras tanto, quienes deberían defender la legalidad miran hacia otro lado. Otra vergüenza nacional. Otra herida abierta en la ya frágil democracia peruana.
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