Con todos los visos de un “accidente” provocado, lo ocurrido en Megantoni, Cusco, es una muestra más de nuestra infame burocracia, incapaz de supervisar a fondo las instalaciones estratégicas del país. ¡Esto ha paralizado el expendio del gas natural en todo el país! Y para este escriba, aquello es consecuencia directa del Estado capturado, durante dos décadas, por redes políticas de las izquierdas que tratan al Estado como botín de poder. El corte del suministro de gas natural, con todos sus efectos devastadores sobre el transporte, la industria y la economía doméstica, es consecuencia de un proceso todavía más profundo: la degradación institucional del Perú. Desde la llegada al poder de Ollanta Humala, el sector energético —como la mayoría de entidades estatales— sobrevive sometido a una lógica de dominio político, antes que técnico. La conducción del Estado se ha convertido en una repartija de cuotas, favores y lealtades, donde la idoneidad profesional es inexistente. Lo que debió haber sido una política pública de largo aliento terminó reducida a un eje de influencia partidista. Las consecuencias son muy elocuentes: un sistema sin jerarquías profesionalizadas, ultravulnerable, sin mantenimientos adecuados, sin supervisión rigurosa y, fundamentalmente, sin capacidad de respuesta ante emergencias. El Estado —hipertrofiado, hiperpolitizado, desordenado— carece de una mínima estadística sobre su propia burocracia. Desconocemos si existe algún orden de jerarquía, cuántos burócratas son, dónde están, qué funciones tienen ni con qué competencias cuentan. La estructura pública es hoy un laberinto donde la responsabilidad es inexistente; y la disciplina y el conocimiento técnico se diluyen en una maraña de cargos creados ad hoc, consultorías y nombramientos sin mérito, donde toda falla —por grave que sea— se diluye en la indiferencia generalizada. ¡La responsabilidad resulta inexistente! La crisis del gas lo demuestra crudamente. Un país de 34 millones de habitantes depende de un aparato estatal que ni siquiera consigue asegurar el mantenimiento básico de su infraestructura crítica. ¡Y al ocurrir un desastre, la reacción es tardía, improvisada y desconectada de la realidad! Los ministros, atrapados en la politiquería que los mantiene en el cargo, ocupan puestos improvisados al servicio del gobierno, no del país. Toda la gestión pública opera bajo la jerarquía oficialista de turno, incapaz de comprender la magnitud de los retos heredados del país. Aquel Perú, caracterizado por una ciudadanía con vocación de superación, disciplina y orgullo cívico, hoy encara un clima de caos, desconfianza y confrontación. La cultura del esfuerzo quedó desplazada por la trampa, el vicio. Y la política multiplica todo aquello. Las elecciones abrileñas se cumplirán en un país crispado, con el Estado debilitado y su sociedad entronizada por la improvisación, la politización y el robo, ahondando la pendiente. Salvo que un milagro permita que la mayoría ciudadana vote por algún candidato que defienda al Estado como servicio público, no como botín, para finalmente recuperar la institucionalidad desde sus bases, votando por que su patria vuelva a ser gobernada por gente preparada, con visión futurista, profesionalismo y muchísima integridad.

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