En un país donde la realidad golpea sin tregua, donde los niños mueren esperando atención en hospitales oncológicos, donde la anemia y la desnutrición siguen marcando generaciones enteras, y donde miles de peruanos en la selva enfrentan enfermedades tropicales sin respuesta, el Estado decide autorizar la compra de aviones de combate por 146 millones de dólares. Y no solo eso: lo hace bajo el manto del “secreto de Estado”. La pregunta es inevitable: ¿de qué guerra nos están hablando? No hay tropas enemigas en nuestras fronteras ni un conflicto inminente que justifique una decisión apresurada, multimillonaria y opaca. Lo que sí existe es una guerra interna: la del ciudadano contra la inseguridad, la extorsión y el abandono estatal. Mientras el crimen organizado avanza, el Estado responde mirando al cielo. ¡La desconexión es alarmante! Se firman contratos millonarios a pocos meses de un cambio de gobierno, con ministros que parecen despedirse comprometiendo recursos que no les pertenecen. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué no esperar a que la próxima administración, elegida por el pueblo, tome una decisión de tal magnitud? ¿Qué urgencia real existe? Más grave aún es la forma. Sin licitación clara, bajo una supervisión cuestionada, con una Contraloría que no genera confianza plena, el proceso se reviste de sospecha. La transparencia no puede ser opcional cuando se trata del dinero de todos los peruanos. Mientras tanto, el Perú profundo sigue esperando: niños con plomo en la sangre, comunidades olvidadas, hospitales sin insumos, médicos luchando con lo mínimo, familias enteras sobreviviendo en condiciones indignas. Esa es la verdadera emergencia nacional. Aquí no se discute la importancia de la defensa; se discuten prioridades. Porque defender al país no es solo adquirir armamento: es proteger la vida, la salud y la dignidad de sus ciudadanos. ¿Qué pasaría si esos millones se invirtieran en patrullaje efectivo, en equipamiento policial, en reforzar la seguridad con personal capacitado, incluso recurriendo a miembros en retiro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasaría si se destinaran a hospitales, a combatir la anemia, a atender la emergencia sanitaria en la selva? El impacto sería inmediato. Pero no. Se opta por decisiones que no responden a la urgencia del pueblo, sino a intereses que no se explican. ¡Se gobierna desde arriba, sin mirar abajo! Y mientras el poder firma contratos en silencio y se protege bajo el velo del “secreto de Estado”, parece olvidar una verdad ineludible: ¡ningún dinero dura para siempre, ningún cargo es eterno y ninguna decisión injusta queda impune! Porque cada millón comprometido de espaldas al pueblo tiene un costo real, humano e irreversible. Nada de esto quedará en la nada. La historia, la justicia y la conciencia de un pueblo siempre terminan pasando factura. Y cuando ese momento llegue, no habrá firma, secreto ni blindaje que pueda ocultar lo evidente: que mientras el Perú lloraba abajo, hubo quienes decidieron mirar hacia arriba… y dar la espalda. He dicho.

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