En el Perú, hablar de inteligencia artificial en la administración de justicia sin antes resolver la impunidad estructural no es solo un error, es una amenaza. No es la tecnología la que preocupa, sino el uso que se le dará dentro de un sistema que hoy ya vulnera derechos fundamentales. La Constitución exige que toda resolución judicial esté debidamente motivada. Sin embargo, abundan sentencias con motivaciones aparentes, decisiones que ignoran pruebas, omiten contradicciones y fuerzan conclusiones. Bajo el llamado criterio de conciencia, algunos jueces terminan imponiendo su voluntad por encima de la ley, generando daños irreparables en la vida de los ciudadanos. En ese contexto, introducir inteligencia artificial sin controles estrictos puede agravar el problema. La automatización de modelos de decisión podría convertir el copiar y pegar en una práctica masiva, replicando errores con apariencia técnica y rapidez procesal. La descarga de expedientes........

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