Las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo pueden acelerar soluciones, pero también abrir interrogantes sobre el acceso al agua potable, las tarifas y la protección de las familias. El bien común no admite improvisaciones. El Senado aprobó otorgar al Poder Ejecutivo 27 facultades legislativas por 90 días. Dos merecen especial atención: la modificación del marco normativo del servicio universal de agua potable y saneamiento, y los cambios a la Ley 32065 para ampliar el acceso mediante soluciones tecnológicas temporales en proyectos de vivienda social y nuevas habilitaciones urbanas. ¿Quién podría oponerse a que más peruanos tengan agua potable? Nadie que comprenda la dimensión humana de esta necesidad. Pero una cosa es cerrar la brecha de acceso y otra permitir que, bajo el argumento de la urgencia, se adopten medidas sin garantías suficientes para la población. El agua no es un privilegio ni un........

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