Los formales: ¿quién defiende a esta minoría? |
En los últimos años, la mayoría de bancadas del Congreso, sin ningún escrúpulo o sentimiento de culpa, se ha dedicado cómodamente a quitarle dinero a los contribuyentes para mantener un Estado / agencia de empleos / botín, que engorda planillas, sube sueldos, y regala trabajo a gente que no hace nada valioso por quienes pagamos impuestos. Y hace algunos días acaba de aprobar dos normas que son fiel reflejo de esta “gran estafa”. Por una parte, revivió la “cédula viva” para militares, policías y profesores del sector público, otorgándoles unas pensiones privilegiadas que ningún otro peruano tiene ni tendrá. Recibirán más dinero que los aportantes más antiguos de las AFP o la ONP, a costa de nuestros impuestos, rompiendo con la Constitución, aunque no haya justificación para el regalo que acaban de recibir. Por otra, amplió los beneficios para los trabajadores del régimen CAS, régimen que empezó como un trabajo “informal” en el Estado, pero que a la larga se convirtió en el más poblado. Ganan mucho más en promedio que en el sector privado, aunque no hagan nada útil, y se eligen casi a dedo porque los perfiles de un trabajador CAS se inventan a placer. Son el trabajo ansiado de cualquiera (que no quiera de verdad trabajar). Para pagar estos regalos a minorías rentistas, amigos, partidarios o infiltrados, el Estado tiene solo dos opciones: o reduce el presupuesto para obras, servicios públicos e infraestructura (algo que ya está haciendo), o sube, crea impuestos y persigue a los contribuyentes formales para exprimirles hasta el último centavo (algo que también está haciendo). Es decir, las consecuencias de esta “gran estafa” y de la existencia de un Estado / agencia de empleos / botín ya las estamos sufriendo y, como ciudadanos que deberíamos estar conectados, no hacemos nada. En Perú, 1 de cada 10 peruanos paga impuesto a la renta, y menos de 700 empresas pagan el 70 % del IGV (nos lo dijo hace algún tiempo quien ocupaba el cargo de ministra de Economía). Por lo tanto, estas medidas terminarán presionando a una pequeña minoría formal que a la larga se terminará yendo del país (o sus hijos), buscará evadir el sistema por todos los medios, o simplemente dejará de invertir, innovar y dar trabajo. Solo los más grandes soportarán esta presión, concentrando más el mercado, algo que tanto temen y rechazan quienes están supuestamente preocupados por la pobreza, la justicia social y la desigualdad. Porque cuando el Estado se llena de dinero, poder y autonomía, pierden los más pobres y ganan los más ricos. El dinero de los contribuyentes no le pertenece a los políticos. El Estado no tiene dinero, gestiona el nuestro. El Ejecutivo tiene la obligación de observar estas leyes o llevarlas ante el Tribunal Constitucional. Y no solo debe derogar estas normas, debe derogar varias más antiguas, detener la contratación de personal necesario en el Estado y congelar los salarios públicos. Y nosotros, los contribuyentes, debemos denunciar esta situación constantemente.
Por José Ignacio Beteta
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